La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exfuncionario del Instituto Nacional Electoral (INE), a la Lista de Personas Bloqueadas por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La medida administrativa fue aplicada en contra de quien se desempeñó como titular de la Dirección de Coordinación y Análisis del órgano electoral, restringiendo de manera inmediata su acceso al sistema financiero nacional.
De acuerdo con los reportes periodísticos, el exservidor público es señalado por su presunto involucramiento en un esquema irregular de contrataciones electorales ejecutado con diversas empresas proveedoras.

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Mediante dicho mecanismo, las indagatorias señalan que presuntamente se habrían simulado procesos de competencia económica con el objetivo de desviar recursos públicos asignados a la institución.
En paralelo, investigaciones periodísticas indicaron que Cuervo Escalona mantenía presuntos vínculos con los hermanos Hernández Casillas, personas que han sido identificadas por su supuesta influencia en los procesos de adjudicación y en los contratos celebrados al interior del instituto electoral.
La inclusión en el padrón de bloqueo administrativo impide al extitular de área realizar movimientos financieros en instituciones bancarias del país, operando como una medida cautelar dentro de los protocolos de prevención financiera.
¿Qué pasó con el caso Taddei?
En tanto se mantiene vigente la restricción bancaria contra el exfuncionario del INE, las autoridades ministeriales continúan avanzando en la integración de las carpetas de investigación correspondientes con la finalidad de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades legales.
El denominado caso Taddei estalló a finales de octubre de 2026, tras la filtración de material audiovisual que vinculaba a la entonces consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, con una presunta red de corrupción en la contratación de insumos electorales.
De acuerdo con las investigaciones, los videos mostraban encuentros privados y aparentes entregas de dinero en efectivo entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado como operador de un conglomerado de firmas proveedoras del órgano electoral —entre ellas Cajas Graf y Corporativo ZEG—.
Paralelamente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en la Cuenta Pública 2025 irregularidades en contratos electorales acumulados por más de 8,870 millones de pesos, señalando que durante la gestión de Taddei el 96 por ciento de las contrataciones se asignaron por adjudicación directa, bajo presuntos esquemas de simulación de competencia y triangulación financiera.
Ante la presión institucional y mediática, Guadalupe Taddei presentó su renuncia al cargo el 26 de octubre de 2026, argumentando la necesidad de salvaguardar la estabilidad del organismo de cara al proceso electoral de 2027, tras lo cual la consejera Blanca Cruz García asumió la presidencia provisional.
Por su parte, la defensa y el entorno cercano de la exfuncionaria han rechazado las acusaciones de enriquecimiento ilícito, señalando que las grabaciones fueron sacadas de contexto y forman parte de una campaña de golpeteo político.
En el ámbito judicial, las autoridades informaron que el propio INE presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias de Taddei y de decenas de personas y empresas vinculadas a la indagatoria.
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JVR


