GIEI: Revelar diálogo del caso Ayotzinapa expone la investigación y sus avances

La publicación de los reportes del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), relacionados con las conversaciones que sostuvieron autoridades municipales con líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, en el marco de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue rechazada “enfáticamente” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI.

En comunicación dirigida a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) señaló que lo difundido ayer es “información reservada que desde el GIEI se ha solicitado a entidades estatales para ser presentada en la investigación penal”, informó La Jornada.

Por ello, los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, rechazaron “continuar por este camino que expone la investigación y sus avances, además de alertar a presuntos perpetradores”.

“Ustedes como nosotros conocen que se trata de información reservada, ya que se encuentra dentro de una investigación penal”, agregaron.

Asimismo, lamentaron que se les haya comunicado la decisión de publicar los reportes ya consumado el hecho. “Como miembros de CoVAJ habríamos esperado ser consultados”, reprocharon.

“Dado que ésta ha sido una decisión inconsultada y ante la posibilidad de que esta conducta se reitere hacemos pública esta comunicación, solicitando que no se repita en el futuro”, indicaron.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló en su cuenta de Twitter que es “riesgoso que se difunda así información sobre una investigación en curso, pues puede comprometer el éxito de la misma”.

En un hilo de mensajes, la organización sostuvo que, como integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, “no participamos de la decisión de publicar así los documentos”.

“Se confirma que el Ejército ocultó información desde 2014 y que siguió administrándola después de que, por Decreto Presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular”.

En el mismo hilo consideró que “dada la opacidad castrense no puede descartarse que exista más información en su poder”.

Y agregó: “Ante la posibilidad de que se trate de intervenciones ilegales de comunicación llevadas a cabo por el Ejército, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas”.

LRL