Ordenan revisar si AMLO es responsable de anomalías de Servidores de la Nación

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó revisar el expediente de los Servidores de la Nación, para verificar si hay responsabilidad por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y funcionarios del Bienestar en la promoción de su imagen durante las elecciones locales realizadas en 2019.

Por unanimidad, los magistrados del TEPJF revocaron la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en 2019, donde se determinó que no había responsabilidad de López Obrador, la entonces titular del Bienestar, María Luisa Albores y el coordinador general de Programas Sociales, Gabriel Hernández.

Con esta resolución, la Sala Especializada deberá realizar un nuevo análisis donde tome en cuenta el contexto, si hubo afectación en estados con elección local cuando se presentaron los hechos, así como las pruebas y precedentes del TEPJF, para determinar si todos los funcionarios de alto nivel tienen alguna responsabilidad.

El PRD presentó dos quejas, una el 8 de agosto de 2019 donde denunció supuestos operativos de Servidores de la Nación y superdelegados para levantar el censo de programas sociales, pero con chalecos que tenían inscrito el nombre de López Obrador.

La segunda denuncia alcanza a María Luisa Albores, entonces titular de la Secretaría de Bienestar; a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal; a delegados Estatales y Coordinadores Regionales de Programas para el Desarrollo, y a los Servidores de la Nación.

Los magistrados de la Sala Regional confirmaron que de julio a noviembre de 2018 y de diciembre de ese año a mayo de 2019 hubo publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram en las que se advierte que diversos Servidores de la Nación participaron en actividades relacionadas con ejecución de programas sociales, usando indumentaria con el nombre del Presidente.

Por lo anterior se atribuyó responsabilidad a 14 delegados estatales, 21 subdelegados regionales y ocho servidores de la nación, y concluyó que el Presidente no fue responsable porque no autorizó utilizar su nombre como parte de la imagen institucional del gobierno federal.