La copropietaria de Miss Universo, la empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, fue condenada a dos años de prisión por un tribunal de Bangkok tras ser declarada culpable del delito de fraude, relacionado con la emisión de bonos corporativos de su empresa JKN Global Group.
De acuerdo con la resolución judicial, Jakrajutatip proporcionó información financiera falsa y omitió datos clave para que el inversionista Raweewat Maschamadol comprara bonos por 880 mil dólares entre 2022 y 2023, aun cuando JKN Global Group enfrentaba una situación económica que le impedía cumplir con sus obligaciones de pago. La corte determinó que la conducta causó un perjuicio económico directo, por lo que dictó una sentencia de cárcel sin beneficios.
La empresaria no acudió a la audiencia final, lo que llevó a las autoridades tailandesas a emitir una orden de arresto en su contra, además de reforzar medidas para ubicarla y asegurar bienes vinculados al caso.
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Jakrajutatip es propietaria de aproximadamente la mitad de Miss Universo, certamen que adquirió por 20 millones de dólares en 2022 y que, desde entonces, ha enfrentado diversos cuestionamientos financieros y administrativos.
El caso de Tailandia se suma a los problemas legales que enfrenta en México el empresario Raúl Rocha Cantú, situación que ha colocado a Miss Universo bajo la lupa de autoridades de ambos países.
Por otro lado, en México, un juez federal concedió una suspensión definitiva a favor de Raúl Rocha Cantú, con lo que quedaron frenadas de manera temporal las acciones legales derivadas de la revocación del criterio de oportunidad que le había otorgado la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución impide que se ejecuten actos en su contra relacionados con la cancelación de dicho beneficio, que le permitía no ser procesado penalmente a cambio de colaborar con las autoridades y que fue revocado al considerar que Rocha Cantú incumplió con sus obligaciones, particularmente en comparecer ante las autoridades.
No obstante, el juez estimó que existen elementos suficientes para revisar la legalidad de esa decisión, por lo que ordenó mantener las cosas en el estado en que se encontraban antes de la revocación, hasta que se resuelva de manera definitiva el amparo. Esto significa que, por ahora, no pueden ejecutarse medidas derivadas de la cancelación del beneficio.
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