El gobierno interino de Venezuela afirmó haber excarcelado a 626 personas detenidas durante la administración del depuesto presidente Nicolás Maduro, y anunció que solicitará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la verificación oficial de las listas de liberados.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realizó el anuncio durante la instalación del Programa para la Convivencia y la Paz, una iniciativa que, según las autoridades interinas, busca consolidar la estabilidad política tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
Rodríguez informó que el próximo lunes sostendrá una conversación telefónica con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, con el objetivo de que su oficina revise y certifique las cifras oficiales de las excarcelaciones.
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La mandataria interina reconoció que existen discrepancias en los números difundidos públicamente y acusó a algunos sectores de manipular la información.
Con esta solicitud, el gobierno interino busca responder a los cuestionamientos de organizaciones civiles y familiares de detenidos, quienes han manifestado preocupación por la falta de claridad y la lentitud del proceso de liberaciones.
De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, que monitorea la situación de las personas privadas de la libertad en el país, hasta mediados de enero habían sido liberadas poco más de 150 personas, mientras que más de 700 continuaban detenidas por razones políticas.
Las autoridades venezolanas sostienen que no existen presos políticos en el país y aseguran que las personas encarceladas enfrentan procesos judiciales por presuntos actos de conspiración y desestabilización.
Sin embargo, el gobierno no ha publicado una lista detallada de los beneficiarios ni ha precisado cuántas personas podrían ser liberadas en las próximas semanas.
La solicitud de verificación ocurre tras un periodo de tensiones entre el gobierno venezolano y Naciones Unidas. En 2024, la oficina del Alto Comisionado en Caracas fue cerrada temporalmente y su personal expulsado, en un contexto marcado por denuncias de detenciones arbitrarias y otros abusos documentados por ese organismo internacional. La sede retomó operaciones en diciembre del mismo año.
Finalmente, familiares de detenidos y defensores de derechos humanos reiteraron su expectativa de que la intervención de la ONU permita esclarecer las cifras reales de excarcelaciones y contribuya a una mayor transparencia en el proceso.
Con información de Reuters y Associated Press.
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