La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó y el presidente Donald Trump promulgó una ley para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con lo que se pone fin a un cierre de casi 11 semanas, el más prolongado en la historia de esa dependencia.
El paquete garantiza recursos para agencias clave como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el Servicio Secreto, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Sin embargo, deja fuera el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, eje central del desacuerdo político.
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De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la legislación fue aprobada por la Cámara baja tras semanas de estancamiento, pese a que el Senado ya la había respaldado de forma unánime en dos ocasiones.
La decisión del liderazgo republicano de mantener el texto original permitió destrabar el proceso y evitar mayores retrasos en el flujo de recursos.
El cierre, que inició el 14 de febrero, generó afectaciones para unos 260 mil empleados del DHS, muchos de los cuales enfrentaban la posibilidad de quedarse sin salario en mayo.
Además, provocó problemas operativos, como largas filas en aeropuertos y la renuncia de más de mil agentes de la TSA, según datos de la industria aérea.
La disputa se centró en la política migratoria de la administración Trump. Legisladores demócratas se negaron a incluir fondos para ICE y la Patrulla Fronteriza tras incidentes en Mineápolis, donde murieron dos ciudadanos durante operativos migratorios.
En contraste, republicanos insistieron en mantener el financiamiento de estas agencias.
Para resolver el conflicto, los republicanos impulsaron un proceso presupuestario alterno que contempla 70 mil millones de dólares destinados específicamente a operaciones migratorias durante el resto del mandato presidencial, que concluye en 2029.
En paralelo, la Casa Blanca advirtió que los recursos temporales utilizados para cubrir salarios y operaciones estaban por agotarse, lo que incrementó la presión sobre el Congreso.
Según autoridades, los costos salariales superaban los mil 600 millones de dólares cada dos semanas.
Aunque la nueva ley restablece el financiamiento de la mayoría de las operaciones del DHS, el debate sobre los recursos para la política migratoria se mantiene abierto y será discutido en un nuevo proyecto legislativo previsto para mayo.
Con información de Reuters y Associated Press.
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