El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por coaccionar a magistrados y buscar la injerencia del gobierno de Donald Trump en el juicio de su padre en el proceso relacionado con el intento de golpe de Estado para anular los resultados de las elecciones de 2022.
Por unanimidad, cuatro magistrados ratificaron la condena e impusieron al exdiputado una pena de 4 años y 2 meses de prisión, por lo que ahora corre el riesgo de ser arrestado a su regreso a Brasil, debido a que se mudó a Estados Unidos en 2025, meses antes del juicio que finalmente condenó a su padre a 27 años de prisión.
Eduardo Bolsonaro ha argumentado en Washington que él y su familia son víctimas de una persecución injusta por parte del STF, y afirmó no haber sido debidamente notificado sobre el proceso judicial.

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El Ministerio Público de Brasil lo acusó de buscar el apoyo de las autoridades estadounidenses para favorecer el caso de su padre mediante la imposición de sanciones a los magistrados de la Corte y aranceles a productos brasileños el año pasado. Tanto los aranceles como las sanciones fueron posteriormente reducidos.
El exdiputado ha declarado que sus esfuerzos en Washington no buscaban la absolución de su padre, sino obligar al Supremo Tribunal Federal a sancionar a los funcionarios que, según él, no cumplían con la Constitución de Brasil.
Recientemente, Eduardo Bolsonaro ha respaldado la candidatura presidencial de su hermano, el senador Flavio Bolsonaro. Ambos se reunieron con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el mes pasado. Las encuestas muestran que el senador es el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a las elecciones de octubre.
Jair Bolsonaro, padre de Eduardo y Flavio, fue presidente de Brasil entre 2019 y 2022. Actualmente cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por motivos de salud.
El fallo del martes inhabilita a Eduardo Bolsonaro para postularse a cargos públicos en Brasil durante ocho años. La Cámara de Diputados ya lo había expulsado de sus filas y le había retirado su salario de legislador en diciembre, tras haberse ausentado de más de un tercio de las sesiones deliberativas de 2025.
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