El gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, oficializó modificaciones a la Ley de Migraciones N° 25.871, medida que impone una prohibición formal de acceso y permanencia a aquellas personas extranjeras que hayan dirigido o incitado mensajes de odio, discriminación o actos de hostilidad contra los ciudadanos argentinos o contra los símbolos patrios.
El Ejecutivo fundamentó la resolución al señalar un incremento en el registro de este tipo de expresiones y conductas de menosprecio hacia la cultura, la soberanía y la identidad de la nación.
Según el documento difundido por la Oficina del Presidente Javier Milei, estas acciones representan un riesgo para la población y constituyen un quebrantamiento del respeto básico hacia los nacionales.
Esta medida se aplicó en medio de tensiones con México y Brasil, países señalados de presuntamente financiar una supuesta campaña contra Argentina durante el Mundial de futbol y por impedir que prosperen las ideas de libertad que impulsa su administración.
Además, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por los insultos que Javier Milei lanzó contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
¿A quién se aplica la medida?
La normativa estipula la restricción para el ingreso o la permanencia en el país a todo ciudadano extranjero que hubiere manifestado mensajes de odio, ya sea de forma oral o escrita, o que promueva la violencia contra el pueblo argentino o sus símbolos patrios.
El documento precisa que estas conductas son consideradas discriminatorias por motivo de nacionalidad.
El Poder Ejecutivo fijó una postura inflexible en la aplicación de las enmiendas a la Ley de Migraciones N° 25.871, bajo la premisa institucional de proteger la soberanía y honrar los valores nacionales.
No detallan procedimiento
A pesar de la formalización del comunicado, la disposición no especifica el procedimiento operativo mediante el cual las autoridades correspondientes identificarán los mensajes o las acciones hostiles cometidas por los extranjeros.
Tampoco se detallaron los mecanismos administrativos o judiciales específicos que se aplicarán para concretar las restricciones de entrada o las expulsiones del territorio.
El documento oficial contó con la firma del presidente Javier Milei, así como del jefe de gabinete Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno, el teniente general Carlos Alberto Presti, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
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JVR
