Estados Unidos declaró inelegibles para ingresar a su territorio a siete exfuncionarios de Ecuador por actos de corrupción que, de acuerdo con el Departamento de Estado, beneficiaron a organizaciones locales vinculadas con los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa (CSD). La restricción también alcanzó a sus familiares inmediatos.
La investigación de Washington apunta a la infiltración del crimen organizado en instituciones encargadas de impartir justicia en ese país, a ravés de pagos ilegales que alcanzaron a antiguos jueces, un exlegislador, así como un extitular del sistema penitenciario.
El Departamento de Estado sostuvo que los involucrados recibieron dinero a cambio de influir en procesos judiciales, electorales o administrativos y advirtió que esas conductas tuvieron repercusiones para la seguridad nacional de Estados Unidos por su presuntos vínculo con el tráfico internacional de drogas.
- El Tip: Washington anunció, el 11 de agosto, cargos contra 4 operadores del CJNG detenidos en República Checa.
Washington separó a los siete exfuncionarios en dos bloques de acuerdo con las organizaciones favorecidas. En el primero aparecen Pablo Ramírez Erazo, exdirector de la autoridad penitenciaria de Ecuador; Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura, así como Ronald Xavier Guerrero Cruz, antiguo juez penal.
En ese grupo, el gobierno estadounidense aseguró que los tres abusaron de sus cargos al recibir pagos de bandas ligadas con organizaciones narcoterroristas. A cambio, habrían alterado decisiones o procedimientos en favor de Los Choneros y Los Lobo, estructuras ecuatorianas relacionadas con el CJNG.
Por otra parte, Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exintegrante de la Asamblea Nacional; María Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas; Johann Marfetán Medina, antiguo juez penal de esa instancia, y Mayra Carolina Salazar, exfuncionaria de relaciones públicas, aparecen relacionados con actos que beneficiaron únicamente a Los Choneros, ligados al Cártel de Sinaloa.
El Departamento de Estado resumió el alcance político de la medida y advirtió que continuará con herramientas migratorias contra funcionarios extranjeros que utilicen su posición para obtener ganancias personales mientras favorecen a organizaciones criminales.
EU sanciona y prohíbe la entrada a 7 exfuncionarios de Ecuador; los vincula con CJNG y CDS
El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó y prohibió la entrada a siete exfuncionarios de Ecuador, a quienes acusó de recibir sobornos de criminales pertenecientes a las organizaciones criminales con sede en México Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa (CDS), así como las pandillas regionales “Los Choneros” y “Los Lobos”.
A través de un comunicado publicado el viernes, el Departamento, encabezado por Marco Rubio, anunció las sanciones contra los funcionarios que, presuntamente, recibieron sobornos por parte de grupos criminales considerados “organizaciones terroristas” por la administración federal estadounidense.
Lo anterior, según el Departamento, con el objetivo de manipular procesos judiciales y electorales en favor de pandillas y organizaciones criminales.
Ellos son los siete exfuncionarios ecuatorianos sancionados por EU
Los sancionados se enlistan a continuación junto a sus anteriores cargos:
- Pablo Ramírez Erazo: Director de la Autoridad Penitenciaria de Ecuador
- Wilman Terán Carillo: Juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador
- Ronaldo Xavier Guerrero Cruz: Juez penal del Consejo de la Judicatura de Ecuador
- Pablo Bolívar Muentes Alarcón: Miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador
- María Fabiola Gallardo Ramia: Presidenta de la Corte Provincial de Guayas
- Johann Marfetán Medina: Juez penal de la Corte Provincial de Guayas
- Mayra Carolina Salazar Merchán: Responsable de relaciones públicas de la Corte Provincial de Guayas
El Departamento de Estado de EU aseguró que la decisión está fundamentada bajo la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado de 2026, la cual, explicó, exige sanciones a funcionarios extranjeros implicados en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos.
“Las acciones de estos exfuncionarios ecuatorianos constituyeron un caso de corrupción de gran envergadura y tuvieron graves efectos negativos para la seguridad de Estados Unidos, al alimentar el tráfico de drogas y envenenar las comunidades estadounidenses”, se lee en el comunicado del Departamento de Estado.
“A cualquier funcionario extranjero que abuse de su cargo público de forma corrupta para obtener beneficios económicos personales: Estados Unidos les encontrará y les desenmascarará”, concluyó.
El anuncio ocurre en medio de una visita oficial de Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de EU, a Ecuador y Perú, donde se reunió con jefes de Estado y representantes diplomáticos.
Entre las reuniones que sostuvo Rubio esta semana, se encuentra una con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien no ha emitido comentarios al respecto.
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