Los operadores y los reguladores en México pueden tener muchas diferencias, pero coinciden en que la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 está completamente desfasada frente a la realidad actual del mercado.
La normativa fue pensada para rifas, sorteos y ferias itinerantes, pero hoy se aplica a una industria digital millonaria, que combina establecimientos físicos con laboratorios de software y una oferta offshore no regulada que sigue creciendo.
Durante años, el desajuste se sustentó con parches regulatorios y autorizaciones específicas de la SEGOB. Sin embargo, en 2026 el mercado parece haber llegado a un punto de no retorno, con la aproximación de un Mundial de Fútbol que apura el contador legislativo.
Aquí algunas medidas que se tomarán en 2026 para que los jugadores puedan encontrar a los casinos online confiables en México con mayor facilidad, sin correr riesgos de seguridad. Una primera aproximación a una regulación formal que todavía parece lejana.
La promesa de una “reforma profunda” sin definiciones concretas
Después de que en noviembre se descubrieran trece establecimientos irregulares, Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno impulsaría reformas a la ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas.
Aunque no trascendieron los detalles sobre cómo se implementarían estas medidas, sí se sabe que estarían vinculadas a normativas antilavado. Hasta entonces, circulaba en el Congreso un proyecto que plantea una reorganización profunda del sistema de autorizaciones.
Si hasta ahora los operadores usaban un esquema de permisos “paraguas”, que permitía a una misma empresa tener distintos establecimientos bajo una misma licencia, ahora el modelo avanzaría a un permiso por sede y con fechas de vencimiento.
Las nuevas licencias, de acuerdo al borrador, estarían también vinculadas a procesos de auditorías periódicas elaboradas por laboratorios independientes, al igual que ocurre en otros países de la región.
Controles sobre permisos y combate al juego ilegal a partir de 2026
Más allá de la legislación formal, el Gobierno de México anunció un plan de acción para el 2026, que consiste en reforzar el control sobre los permisos y el combate frontal al mercado ilegal, un fenómeno que los expertos de la industria cifran en torno al 40% de la actividad total del juego en México.
A esto se suma el fortalecimiento de la fiscalización sobre las plataformas que ya operan en México, haciendo foco en la verificación de edad obligatoria y en la trazabilidad de los pagos realizados por los usuarios.
Estos datos también se combinarían con los mecanismos de autoexclusión y el bloqueo de operadores no autorizados mediante cooperación con proveedores de pago, para que cada prohibición se efectúe de manera efectiva.
Es decir, a la barrera regulatoria se sumaría la barrera tecnológica que impide a los sitios ilegales continuar cobrando por los servicios.
La industria de juego en México pide una regulación “actualizada y acorde”
En el sector del juego en México afirman que regular es necesario, pero hacerlo mal puede ser contraproducente y terminar beneficiando a las plataformas offshore, que operan sin ningún tipo de licencia ni venia del Gobierno.
El organismo que recoge estas preocupaciones es la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA).
Su presidente ha expresado en más de una ocasión que la modernización del marco legal es impostergable y ha advertido que una regulación improvisada, excesivamente fiscalista o desconectada del funcionamiento real del mercado tiene un riesgo alto para los operadores.
En su análisis jurídico publicado en la revista AIEJA Magazine, la asociación sostiene que se debe combatir el juego ilegal sin asfixiar a los operadores que cumplen la ley.
Según los operadores, una carga excesiva de impuestos o de requisitos difíciles de cumplir, tiende a empujar a los jugadores hacia plataformas que operan fuera de cualquier control estatal.
También se hace énfasis en la seguridad jurídica para garantizar inversiones, ya que las reformas parciales y las interpretaciones contradictorias de una legislación de hace 78 años generan un panorama que dificulta la planificación a largo plazo.
AIEJA denuncia que el borrador de reforma a la ley de juego está “en un cajón”
En AIEJA también reclaman una transparencia mayor en el proceso legislativo. Denuncian que después de meses de mesas técnicas y consultas con la Secretaría de Gobernación, el borrador de la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos no ha sido hecho público, ni se conocen sus términos concretos.
Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de AIEJA, intuye que el proyecto se encuentra “en un cajón”. Su queja se centra en que se aprueban otras reformas (como las del IEPS o la Ley de Amparo) que impactan en las empresas de la industria, sin ofrecerles un marco integral que ordene el conjunto.
Ochoa Sánchez insiste en que esto es un problema por partida doble, ya que mientras los operadores con el visto bueno de la SEGOB no saben a qué atenerse, la falta de reglas claras favorece al mercado ilegal.
La Copa del Mundo 2026, un reloj con cuenta atrás para los legisladores
Al calendario político se le interpone otro que no entiende de procesos legislativos, el del deporte. México será uno de los países anfitriones del Mundial de Fútbol 2026, junto con Estados Unidos y Canadá y, por ende, se introduce al debate un factor de urgencia difícil de ignorar.
La Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) ya puso las cifras sobre la mesa, al estimar que la Copa del Mundo generará ingresos por unos 3.000 millones de dólares, un impacto económico 235% superior al de un Gran Premio de Fórmula 1.
El torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, contará con 13 partidos en territorio mexicano. El evento inundará de visitantes la Ciudad de México y las sedes en Guadalajara y Monterrey.
La Femexfut asegura que vendrán unos 5,5 millones de turistas “extra”. El impacto de esta afluencia tendría, de forma directa, una facturación superior a los 1.000 millones de dólares para el sector turístico.
Además, se crearían unos 24.000 empleos y se produciría una inversión significativa en infraestructura urbana.
La importancia de establecer una regulación firme antes del pitido inicial
Como es de esperarse, el sector de las apuestas deportivas también buscará capitalizar el momento, a través de la oferta de mercados de fútbol en un Mundial que tendrá 48 selecciones por primera vez.
Fuentes del sector hablan de que México tiene una “oportunidad de oro” en las manos. Si logra mejorar la estructura regulatoria antes de junio, las inversiones fluirán, atraídas por un volumen de juego que se multiplicará, tanto por el interés de los locales como por el de los visitantes.
Así como ponderan la oportunidad, también hablan de un riesgo aumentado. La ausencia de regulaciones podría derivar en una explosión del juego ilegal, difícil de fiscalizar en tiempo real.
Además, vaticinan un aumento del número de conflictos posteriores por pagos, reclamaciones y protección del consumidor. Por ese motivo, el pitido inicial de la Copa del Mundo traza una línea imaginaria que tanto reguladores como operadores tienen en cuenta.
La posición relegada de la legislación mexicana frente a la de los vecinos
En los últimos años, en el Congreso se debatieron distintos proyectos para actualizar la regulación de 1947. Mientras tanto, otros países de la región avanzaron (con mayor o menor éxito) hacia la obtención de sus propios marcos regulatorios.
Por ejemplo, Brasil dio un paso decisivo al regular las apuestas deportivas y el juego online, creando un sistema de licencias y obligando a los proveedores de pago a bloquear operadores no autorizados.
Por su parte, Perú aprobó la Ley de Apuestas a Distancia y avanza en la homologación de casinos y plataformas. Chile ya cuenta con un proyecto de ley aprobado en comisiones, y Argentina y Colombia operan desde hace años bajo esquemas regulados, con autoridades específicas y reglas claras.
De acuerdo a un informe del fabricante de software de casinos Softswiss, Latinoamérica está entrando en una fase en la que el cumplimiento normativo se convierte en ventaja competitiva, dado que atrae a inversores serios.
Un mercado que persigue las tendencias, a pesar de la falta de legislación
Si los tiempos legislativos avanzan por escalera, los tiempos del mercado viajan en ascensor. Es decir que la falta de una ley integral no equivale a que no exista en México un mercado de juego, que muta al compás de las tendencias globales.
La mayoría de las tendencias identificadas en el informe de Softswiss para 2026 también tienen su réplica en el mercado mexicano. Al crecimiento del juego móvil y los pagos digitales se suma el uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de las regulaciones.
Además, a nivel global se habla de la implementación de la IA a “niveles industriales”, tanto para detección de juego problemático como para mejorar los servicios de atención al cliente y ofrecer un menú a la medida del jugador.
En este sentido, México no es una isla y, aunque la regulación tenga 78 años, la oferta de los casinos y sitios de apuesta a nivel local está actualizada.
La situación de los apostadores mexicanos frente a la ausencia de una ley concreta
La ausencia de una ley clara tiene consecuencias directas para los apostadores, ya que, aunque existen operadores autorizados por la Secretaría de Gobernación, no hay un sistema unificado de reclamación.
Esto implica que no existe una autoridad especializada que actúe como árbitro en conflictos entre usuarios y plataformas, especialmente en el entorno online. Sin una legislación aggiornada, los derechos del jugador quedan difusos y la protección frente a operadores ilegales es limitada.
El debate ya no es si hace falta una reforma integral de la Ley de Juego, sino cuándo se implementará. Tanto asociaciones de operadores como el gobierno coinciden en que la normativa es necesaria, el punto de debate es si se llegará a implementar antes del evento deportivo más importante del fútbol internacional.
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FGR
