La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar la constitucionalidad del tope de rentas en la Ciudad de México es una práctica común; sin embargo, la sobrerregulación en el mercado inmobiliario no promueve la inversión y en contraste sí lo hace con la informalidad.
De acuerdo con expertos, la decisión podría derivar en rentas de corta estancia y provocar que haya menor oferta de vivienda; en ese sentido, la medida sólo es paliativa, por lo que si se quiere evitar fenómenos como la gentrificación es necesario que haya menor tramitología y se incentive la construcción.
- El Dato: La Reforma fue publicada en la Gaceta Oficial capitalina el 28 de agosto de 2024, cuando el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, buscó frenar los precios de las rentas.
“Es una práctica común, casi en todas las industrias y es razonable; sin embargo, limitar la dinámica del mercado, genera riesgos estructurales. No incentiva la inversión, o sea, no es algo positivo para la inversión y al final de cuentas genera que salgan viviendas del mercado formal, por supuesto que crezca el mercado informal y que haya una conversión de inmuebles a rentas de corta estancia para no tener esta contingencia, limitando el parque de vivienda en renta tradicional”, señaló Bosco Quinzaños, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) en entrevista con La Razón.
El directivo dijo que la medida de incrementar las rentas conforme a la inflación es una práctica habitual y común que no sólo afecta al mercado inmobiliario, sino también a otros sectores de la economía mexicana, porque “muchos de los incrementos se indexan a la inflación, por lo que es algo bastante habitual en todas la industrias”.
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No obstante, con estos cambios se provoca que los arrendadores busquen pasar de la formalidad a la informalidad, “en realidad lo único que incentiva es mayor informalidad; el único incentivo de toda esta corriente de pensamiento es la tendencia a la informalidad”.
La resolución de la SCJN se dio tras revisar el amparo 546/2025, recurso que una empresa inmobiliaria interpuso, luego de que el 24 de agosto de 2024 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un decreto para reformar los artículos 2448 D y 2448 F del Código Civil en materia de arrendamiento de vivienda y que estableció un límite al incremento anual de la renta de inmuebles destinados a casa habitación y la obligación de los arrendadores a registrar sus contratos de arrendamiento en el Registro Digital del Gobierno capitalino.
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Bosco Quinzaños aclaró que, la resolución de la Suprema Corte es distinta al proyecto de ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, iniciativa que impulsa la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y la cual ya fue enviada al Congreso; sin embargo, destacó que la propuesta de la mandataria capitalina presionará todavía más al sector inmobiliario.
Porque implicaría que el Gobierno imponga un control de precios y dañe los derechos sobre la propiedad privada, y en ese sentido, sería un golpe mayúsculo a las intenciones del Gobierno federal de impulsar la inversión.
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“Esa ley sí vendría a significar un control directo en precios y sí afectaría directamente los derechos sobre la propiedad privada. Una afectación directa de los bienes de las personas va a generar, que en caso de que se apruebe, efectos tremendamente adversos a las intenciones que incluso manifiesta la Presidenta de promover la inversión”, agregó.
Sostuvo que, la capital del país ha enfrentado una baja en las inversiones inmobiliarias, puesto que hace 10 años empresas socias de la ADI colocaban alrededor del 80 por ciento de su capital en la Ciudad de México y ahora se ubica en 20 por ciento, “la ciudad no ha sido receptora de inversión y cada vez tiene menos incentivos” y el hecho de que ya no haya las suficientes inversiones genera el alza de precios y también la gentrificación.
Por su parte, Jorge Paredes, CEO de Reality Experts, comentó que el tema de tener vivienda asequible es una preocupación para los países y sus gobiernos, ya que, tras el incremento del precio de las rentas se origina que haya desplazamiento de las personas originarias cuando existe una alta demanda, “la gente está sujeta a un régimen salarial y eso le impide generar ingresos mayores a la inflación”, y en ese sentido, explicó que, ante esa necesidad es que se determinó topar las rentas.
En entrevista con La Razón, añadió que, en un mundo ideal, el mercado debería determinar los costos, pero cuando hay más demanda que oferta, se observa un alza por arriba de la inflación y en ese sentido, es que las autoridades “se dan a la tarea de limitarlo a algo razonable, y en este caso, la inflación no es algo que no sea razonable” y entonces se provoca que haya intereses en conflicto, “los del inquilino y los del dueño de la propiedad”, porque al inversionista le conviene incrementar los precios a su conveniencia.
Y consideró que cuando sucede un tope a las rentas, el dueño de la propiedad tiene la alternativa de rescindir el contrato, pedir la desocupación del inmueble, y realizar un nuevo contrato donde “ya puede fijar el precio a su libre albedrío”.
Jorge Paredes añadió que, la medida es paliativa, porque nunca se va a “desincentivar” que las personas quieran vivir en colonias como La Condesa, o La Roma, y eso ha provocado el aumento de los precios, pero destacó que, es necesario que el Gobierno federal incentive la construcción de más viviendas; sin embargo, para lograrlo, es necesario que se evite la tramitología, y la reducción de costos y tiempos.
Cabe recordar que la decisión de la SCJN derivó de un juicio de amparo promovido por una empresa dedicada al arrendamiento que impugnó la reforma publicada en la Gaceta Oficial capitalina el 28 de agosto de 2024. Esa iniciativa que envió el entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres, buscó frenar el crecimiento desmedido de los costos de alquiler de vivienda en la capital del país, situación que se generó por presiones inmobiliarias, gentrificación y rezagos importantes, así como por una sobrerregulación.
