La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encendió las alertas sobre las operaciones de Servicios Broxel y pidió frenar una operación de financiamiento que Bancomext tenía prevista para la empresa, al advertir presuntos incumplimientos en contratos públicos, recursos pendientes de reintegro y un posible conflicto de interés.
En un oficio fechado el 10 de noviembre de 2026, dirigido al Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de Bancomext, la Dirección General de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua 3 advirtió que no era viable autorizar una línea de crédito de hasta 4 mil 200 millones de pesos para Broxel, bajo el esquema de crédito mixto no comprometido. La propuesta contemplaba que Bancomext participara inicialmente con hasta 100 por ciento del monto autorizado.
El documento señala que Broxel obtuvo contratos derivados de una licitación pública nacional para suministrar vales electrónicos de despensa a dependencias federales durante 2025, pero que las condiciones de contratación habrían sido distintas a las originalmente ofertadas. En ese procedimiento participaron 150 entes públicos. Según la revisión de Buen Gobierno, la empresa recibió pagos en exceso que todavía no ha reintegrado en su totalidad. El monto pendiente asciende a aproximadamente 29.4 millones de pesos, correspondientes a 39 entes de la Administración Pública Federal.
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Broxel es una empresa mexicana de tecnología financiera fundada en 2011 por Gustavo Gutiérrez, que comenzó desarrollando plataformas y soluciones de medios de pago para empresas y posteriormente amplió sus operaciones al sector público. Ha sido sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por incumplimientos regulatorios, incluidos reportes relacionados con la prevención de lavado de dinero; señalamientos por una presunta operación de compra de votos durante las elecciones de 2018.
El peso de Broxel como proveedora del sector público se refleja también en el volumen de recursos que ha obtenido. Este año, la empresa ha recibido contratos de distintas dependencias del Gobierno federal por montos que alcanzan hasta los 32 mil 296 millones de pesos, lo que evidencia la dimensión de sus operaciones con recursos públicos y la relevancia de los señalamientos que ahora enfrenta.
Otro de los señalamientos que encendieron las alertas de la dependencia es un posible conflicto de interés entre el representante legal de Servicios Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, y Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El oficio refiere que ambos mantienen un parentesco por consanguinidad y que el funcionario también tuvo una relación laboral previa con Bancomext, donde ocupó cargos directivos y obtuvo una licencia sin goce de sueldo.
La Secretaría también advirtió sobre la dependencia financiera de Broxel respecto de los contratos públicos. De acuerdo con el documento, durante 2025 sus ingresos provenientes de contratos con la Administración Pública Federal oscilaron entre 6 mil 928.7 y 9 mil 751 millones de pesos. A ello se sumaron ingresos por contratos con el Gobierno de la Ciudad de México de entre mil 795 y 3 mil 591 millones de pesos.
Buen Gobierno advirtió que los procedimientos administrativos contra la compañía continúan en trámite y podrían derivar en sanciones, incluida la imposibilidad de obtener nuevos contratos públicos. También consideró que los antecedentes expuestos representan un riesgo para la capacidad financiera de la empresa y, por tanto, para la recuperación de los recursos que eventualmente pudiera prestarle Bancomext.
El oficio, firmado por José Juan García Estrada, director general de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua 3 y comisario público propietario, concluye que no existen condiciones para respaldar la solicitud de financiamiento, pues autorizarla podría trasladar al Gobierno federal los riesgos asociados con los antecedentes de la compañía.
La advertencia llega, además, después de que en diciembre de 2025 la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que daba seguimiento a una inconformidad presentada por Toka Internacional contra Broxel, ganadora de la licitación federal de vales de despensa para ese ejercicio fiscal. En aquella ocasión, la dependencia confirmó que investigaba posibles irregularidades en el procedimiento.
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