Alito puso las barbas a remojar
A los observadores no se les escapó el dato de que los argumentos del CEN del PRI para justificar su apoyo al desechamiento del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, podrían haber sido los mismos si el acusado en estos momentos fuera el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas. “No le apostamos a una supuesta justicia que se determine por simples dichos, discursos, decreto o linchamiento, o populismo, porque eso puede resultar peligroso”, señaló la dirigencia nacional del PRI. El asunto, nos dicen, es muy sencillo: si se iniciaba un procedimiento para retirarle el fuero a Cuau, entonces no habría forma de evitar que ocurriera lo mismo con Alito. De ahí que los diputados del tricolor le hayan ayudado a Morena a lograr la mayoría que necesitaba para que fuera aprobado el dictamen sobre el desechamiento. La votación de ayer en San Lázaro, nos comentan, fue la reedición del PRI-Mor, y no precisamente por afinidad política, sino por salvar el pellejo. Uf.
Rocha Cantú en París
De trascendencia, nos comentan, la reunión que sostuvieron ayer la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo y los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Del encuentro salieron varios acuerdos, entre los que destacan la creación de dos grupos especiales para enfrentar a la delincuencia. Sobresale la decisión de poner en práctica tareas de inteligencia, como las que han dado resultados en otras entidades, y realizar operaciones especiales con elementos del orden estatal y federal en los municipios más conflictivos. Al finalizar la reunión, Libia dijo que los resultados fueron satisfactorios, porque se fortalecerá la coordinación y se consolidarán los resultados en seguridad. Con esto, nos dicen, se confirma que la lucha contra la delincuencia puede ir más allá de los colores, y que lo que se requiere es colaboración institucional. Ahí el dato.
Y nos cuentan que en su afán de defender a los suyos, Gerardo Fernández Noroña terminó minimizando las denuncias en contra de Cuauhtémoc Blanco y, de paso, cuestionando el derecho de las víctimas a ser escuchadas. Y es que mientras senadoras de su propio partido, Morena, como Malú Mícher, y legisladores del PAN, exigían que el exgobernador de Morelos enfrentara la justicia sin fuero, el presidente del Senado de la República prefirió descalificar al Poder Judicial. Según él, la justicia no es confiable aún. No dijo una palabra sobre los testimonios de la víctima. No mostró interés en garantizar un proceso en el que las acusaciones se esclarezcan sin la sombra de la impunidad, nos comentan. En cambio, su argumento fue que el caso lo armó un exfiscal cuestionado. Las denuncias contra el exfutbolista son graves, pero ya no podrán ser procesadas. Para el senador, el desafuero es “injusto”, la duda que, nos dicen, queda es si dudaría en exigir que pague las consecuencias alguien que no sea su correligionario.
Yucatán y su calificación financiera
Con la novedad de que en su más reciente evaluación, la calificadora HR Ratings incrementó su nota crediticia a Yucatán, lo que posiciona al estado entre los cinco con la calificación más alta vigente del país y lo incluye en el grupo más exclusivo de entidades con alta confianza financiera. “Esto evidencia una gestión pública eficiente, ordenada y con visión estratégica”, señaló el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno estatal, Juan Gabriel Sánchez Álvarez, quien manifestó que el pasado 19 de marzo se publicó el resultado de la primera evaluación del año, en la que se reflejó un incremento en su calificación crediticia: de HR AA pasó a HR AA+, con perspectiva estable. Un punto a favor para el gobierno de Joaquín Díaz Mena, nos comentan, pues con ese dato puede generar más confianza, atraer más inversión y con ello detonar la generación de empleos.
Por fin apareció Citlalli Hernández
Y fue finalmente Citlalli Hernández quien apareció para pronunciarse sobre el resolutivo que frenó la ruta de desafuero contra el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. La secretaria de las Mujeres ha centrado su opinión en la “discusión pública” del caso. En ese sentido, ha criticado que “se esté dejando de lado a una posible víctima y que la discusión se centre en un posible desafuero, en el que las y los legisladores encontraron una carpeta mal integrada, poniendo el foco de la discusión desde el enfoque político sobre si se defiende o no a un posible agresor y no desde una dimensión de justicia”. Al principio de su posicionamiento publicado en las benditas redes ha apuntado que “el mal funcionamiento de algunas fiscalías locales promueve la impunidad y no garantiza la justicia pronta y expedita hacia las mujeres”. En pocas palabras, ha repartido leña a fiscalía y a legisladores y ha mandado el balón al nuevo fiscal de Morelos para que no falle en temas de justicia para las mujeres. Lo malo que fue hasta ahora, nos comentan.
Y otro que recibirá protección, en este caso del Senado, es el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y es que resulta que desde la presidencia de la Cámara alta, se solicitó que se retiren medidas cautelares —dentro de un juicio que se le sigue— al empresario Eduardo Almeida, quien la semana pasada increpó al exmandatario al encontrarlo en el aeropuerto de la entidad. “Es una agresión gravísima a un integrante de esta asamblea y esta presidencia tiene la responsabilidad de garantizar la integridad y la seguridad de los senadores”, dijo ayer Gerardo Fernández Noroña. Apenas el viernes pasado, el empresario, que fue acusado por Corral por una supuesta defraudación fiscal, le espetó: “Ahora sí dame la cara, por una vez en la vida”, mientras el senador se ocultaba detrás de hombres que parecían sus escoltas hasta que se guareció en una camioneta y cerró rápidamente la puerta, en una acción de destacado escapismo.
