Nos recomiendan echar un vistazo a lo que ocurre en Baja California Sur, esa pequeña entidad de la que casi no se habla, en donde se vive un descontrol total en las filas de la 4T. Al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, los morenistas de menor nivel se le salen del huacal. El presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, no pierde la oportunidad de lanzarse contra el mandatario, por reabrir un camino vecinal que el padre del edil, Narciso Agúndez, había cedido a particulares en 2006. Y la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga, abrió una “oficina de enlace” en Los Cabos, lo que es claramente un acto anticipado de campaña en pos de la gubernatura, que se renovará en el 2027. Por esta acción, algunos ya se refieren a Milena como la “Andrea Chávez de BCS”. Don Víctor Manuel no controla los hilos de la 4T. Está como ausente, pero no sólo en la política, sino en el Gobierno, lo cual se ve reflejado en el recrudecimiento de la violencia. Uf.
Ni una pluma le quitaron a Montiel
Ovidio costó vidas
Y topó con pared, nos hacen ver, la rebelión que iniciaron diputados morenistas contra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, contra la que lanzaron duros epítetos como “nefasta”. Y es que en la mañanera de ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la funcionaria en términos muy elogiosos. “Ariadna hace un excelente trabajo, es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional, tampoco es sencillo que se desarrollen todos los Programas de Bienestar permanentemente”, dijo. Y no sólo eso, sino que advirtió que “lo que sí no va a haber, porque no está bien, es que un diputado de algún partido, o en particular del partido político del que provenimos, quiera usufructuar un programa social, eso no. Eso no. No es un asunto personal, éstos son derechos del pueblo de México y así deben de tratarse”. En otras palabras, que si lo que algunos legisladores buscan es hacer caravana con programa social ajeno, nomás no se va a poder. Así la respuesta a los diputados que se quejaron de ser tratados como “perros de rancho”.
¿Entonces quién es responsable?
Y resulta que en el caso de los directivos cesados en el hospital de Macuspana, ha comenzado a surgir una corriente de opinión en su favor. Y es que hay quien considera injusto que aquéllos hayan sido separados del cargo luego de que personal médico decidiera ocupar una botella de agua de plástico recortada para remplazar el casco cefálico del que carece la unidad médica, para ocuparlo con un recién nacido que requería ser atendido de un problema de respiración. Se apuntó ayer en la conferencia de Javier May que se iba a indagar por qué se carecía del aditamento, pero mientras quedaban apartados. El asunto es que si el equipo médico se las ingenió para resolver, más que emprenderla contra la gente del hospital la solución sería atender a la brevedad las carencias del nosocomio. “Que cesaran al director no entiendo la razón, ¿por qué? Porque al final de cuentas está haciendo lo que puede con lo que hay”, consideró la diputada local Orquídea López. ¿En esa lógica, quién debería ser sancionado? Pendientes.
Y es el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta otra denuncia por temas de género, en este caso, de violencia política. Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara a la Sala Especializada reabrir un expediente de queja, presentado por la entonces diputada Juanita Guerra, que fue cerrado supuestamente por haber caducado. Por unanimidad, magistrados determinaron que el caso referido se revise y resuelva. ¿Por qué se presentó en su momento la queja? Bueno, pues porque la hoy senadora por el Partido Verde reclamó haber sido excluida de la organización del desfile cívico conmemorativo por el aniversario de la Gesta Heroica Rompimiento del sitio de Cuautla, y porque también se le impidió a la morelense instalar un templete para 200 personas. Ahora habrá que esperar a que la instancia previa resuelva lo que procede con el hoy diputado por Morena. Atentos.
En Zacatecas, las estadísticas reflejan un crecimiento de 29 por ciento en las quejas por violaciones a los derechos humanos en lo que va del mandato de David Monreal. En este rubro, la administración del morenista tristemente ha mostrado un paso firme y sostenido, pues recibió la entidad con 665 casos de abusos de autoridad en el 2021; para el siguiente año la cifra llegó a 778; en el 2023 el indicador llegó a 840 y el 2024 cerró en 859. En el 53 por ciento de los expedientes abiertos el año pasado, las víctimas fueron mujeres. Y por si fuera poco, los agravios contra mujeres de entre 21 y 30 años de edad aumentaron 15 por ciento en el último año. Las cifras reflejan una vulnerabilidad de las mujeres en Zacatecas, que se hizo visible durante la represión a participantes en la marcha del 8M del 8 de marzo del 2024. Pero bueno, don David tiene bien claras sus prioridades. Y el respeto a los derechos humanos, como se ve, no es una de ellas. En fin.
Defraudados es como dijeron sentirse trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, quienes volvieron a salir a bloquear calles de la Ciudad de México por una falta de certeza en cuanto a la situación laboral en la que quedarán tras la extinción del organismo. No hace mucho, los afectados compartían con entusiasmo que autoridades federales ya se habían acercado a ellos para atenderlos y empezar con las mesas de diálogo, pero ahora nuevamente denuncian un vacío y mutis por parte de quienes, afirman, tienen la responsabilidad de por lo menos finiquitarlos con apego a la ley. Señalan que cada vez ven más lejos que se concrete su reincorporación al mercado laboral por medio de los nuevos mecanismos que se habrían de crear para sustituir la labor que realizaron desde su creación, que consistía en evaluar la política educativa y poner a disposición estadísticas que sirvieron para la toma de decisiones gubernamentales. Ahí el dato.
