Voluntariamente “a fuerza” 100 pesos
Y resulta que ayer maestros de la CNTE tomaron casetas de acceso a la Ciudad de México, desquiciaron el tránsito, exigieron “cuotas voluntarias” de 100 pesos y condicionaron y presionaron al Gobierno federal para reanudar un diálogo. Dicen que están abiertos al diálogo, pero su manera de forzar la mesa, como es conocido, es estrangulando vialidades y complicando la vida de miles de ciudadanos. Exigen que la Presidenta los reciba, pero hasta el momento no dan muestra de estar dispuestos a ceder en nada. Nos cuentan que esta vez ocurrió que en su movilización echaron fuera a uno de los suyos que grafiteó un camión con las siglas de la CNTE. Al parecer una especie de intento de cuidar la imagen… Este martes, nos aseguran, planean protestas simultáneas en el Metro, en estaciones clave como Bulevar Puerto Aéreo, General Anaya, Auditorio y La Raza. Otra jornada de caos con el sello de la Coordinadora. Y miles de niños, entretanto, sin clases en varias entidades. Pendientes.
Transparencia al garete
Levantó polémica la disculpa pública que ayer ofreció un ciudadano al que, a petición del senador Gerardo Fernández Noroña, la Cámara alta demandó penalmente, por los insultos que le profirió en una sala del aeropuerto en septiembre de 2024. “Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables, y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto”, señaló ayer el abogado Carlos Velázquez de León en un acto que fue transmitido en las redes del Senado. Varias voces, incluso de afines a la 4T han señalado el hecho como un exceso, con el antecedente de que el propio Noroña en muchas ocasiones, algunas de ellas de manera muy frontal, ha increpado al poder. El legislador ha tomado nota de las reacciones: “Parece que a los fascistas les hizo mucha mella la disculpa pública. Es lo mínimo que tiene que hacer alguien que te agrede físicamente. Podría haber tenido un problema mayor, pues yo había interpuesto una denuncia penal”. Así el asunto.
Y fue la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde quien recomendó a su contraparte panista, Jorge Romero, preocuparse por lo que pasa dentro de su casa, en lugar de estar pidiendo que se aclare el tema de la revocación de la visa de EU a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La molestia de la lideresa guinda se dio luego de que un grupo de panistas encabezado por Romero fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entregar una carta donde solicitó que aclare los motivos del retiro de la visa a la mandataria estatal y a su esposo Carlos Torres y por una protesta previa en la entidad fronteriza. “Para los que se dedican ahora a hacer carnitas asadas en Baja California, les decimos que respaldamos a nuestra gobernadora… El dirigente panista debería estar más preocupado por poner orden en su casa; ahora salió el dirigente estatal de Nuevo León a anunciar que van en alianza con el PRI para la gubernatura, sin siquiera pedirle a él opinión, si él apenas había dicho que con el PRI ni a la esquina…”, le dijo.
Hay quienes están convencidos de que los datos duros hablan de un fracaso del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en el tema de la seguridad, algo inconcebible, nos dicen, dado que el morenista fue el responsable de esta materia a nivel federal durante la mitad del sexenio pasado. En lo que va de su mandato, las desapariciones han aumentado 283 por ciento, al pasar de 176 casos en 2021, cuando llegó al cargo, a 675 en 2024, su tercer año completo. Las cifras reflejan un alza paulatina año con año, desde que Durazo llegó al poder. Y no es asunto menor el hecho de que los municipios con mayor número de ausentes, Cajeme, Caborca y San Luis Río Colorado, entre otros, sean también los que se han caracterizado por su elevado nivel de incidencia delictiva en los últimos años. Como titular de la SSPC, Durazo fue el artífice de la fallida estrategia abrazos no balazos. En Sonora no ha aplicado esa estrategia, pero tampoco otra. Uf.
Muchos se preguntan que pasó por la cabeza del diputado local de Morelos, Gerardo Abarca Peña, cuando presentó una iniciativa para crear el delito de “difamación digital”. El legislador del PAN propuso sancionar con hasta seis años de cárcel a quien publique contenido falso o que lesione la dignidad o el honor de una persona en plataformas web. Urge que alguien le explique al panista que hace más de 15 años que la difamación salió del Código Penal Federal y de la inmensa mayoría de los códigos estatales, un proceso en el que su partido jugó un papel fundamental. La penalización de los agravios al honor sólo generaba abusos. La gobernadora Margarita González y el PRI se pronunciaron ayer en contra de lo que medios locales han calificado como “Ley Censura”. Lo que no se ve es un necesario deslinde de Acción Nacional de esto que más de uno considera un disparate. Atentos.
A 12 días de que se lleve a cabo la elección judicial, en la que se elegirá a jueces, magistrados y ministros, el INE reportó que hay retrasos en al menos cuatro actividades clave para la jornada en 19 estados. La integración de mesas directivas de casilla debería llevar un avance del 77.9 por ciento, pero se tiene un avance del 77.6 por ciento; ahí quizá pronto se pueda emparejar. Sin embargo, la actividad en las bodegas electorales es otro de los temas con retraso, pues registra 73 por ciento de avance la recepción de paquetes, cuando ya debería ser una actividad concluida. También hay retrasos en lo que respecta a la preparación de logística para la recepción de paquetes electorales en los consejos distritales, donde se reporta el 17.8 por ciento, cuando debería ir al 20 por ciento, mientras que los preparativos para los cómputos deberían ir al 35 por ciento y reportan 29 por ciento. Diversas actividades que corresponden a los organismos locales están retrasadas y ¿cuál es la causa? La falta de presupuesto. Uf.
