• La UNAM y las trampas en su examen
Con la novedad de que la UNAM decidió suspender provisionalmente las inscripciones de quienes obtuvieron un lugar en alguna de sus licenciaturas en el más reciente proceso de admisión. Esto, luego de que en días pasados se ha conocido que en la prueba —por primera vez aplicada en línea— se presentaron anomalías relevantes: diversos análisis estadísticos han hallado que hubo postulantes con una cantidad de aciertos que rompe con el patrón histórico reportado en este ejercicio. Por estos hechos, la UNAM ya presentó denuncias penales por “prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen”. Ahora, se ha informado, esperará a que el comité de expertos que revisa cómo se aplicó la prueba presente sus conclusiones y recomendaciones. “La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica”, señaló. Pendientes.
Y fue el Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero el que, cansado de padecer los intentos de un sujeto de apropiarse de sus siglas, ayer lo denunció con nombre y apellido. Se trata de Omar Elías Azar, quien, nos dicen, en el colmo del cinismo ni siquiera está afiliado al organismo y peor aún ni empresario es. Lo que sí ha sido es funcionario público y durante varios años, denunció el organismo cúpula de la IP. “En periodos preelectorales y electorales se ha acercado a candidatos a cargos de elecciones popular, principalmente a candidatos a presidencias municipales y a candidatos a la gubernatura del estado, engañándolos con su falsa representatividad”, recalcó el organismo, que además dio una muestra de que a Elías Azar le conocen su historial: “durante la administración actual hostigó e incluso intentó extorsionar a funcionarios… exigiendo asignación de contratos de obra a empresas vinculadas a familiares y amigos”. El CCE de Guerrero, finalmente, llamó a no dejarse engañar por el “impostor”, nos comentan.
Y hablando de balconeadas, no hay que perder de vista la que están dando las secretarías de Energía, a cargo de Luz Elena González, y de Hacienda, de Édgar Amador, además de la Procuraduría Federal del Consumidor, de Iván Escalante, y Petróleos Mexicanos, de Juan Carlos Carpio, a las gasolineras que están burlando el acuerdo que se signó entre expendedores y Gobierno para la estabilización del precio del diésel. Es sabido que a ese acuerdo están adheridas ocho mil 603 estaciones, las cuales representan el 84% por ciento del total. “Con esta estrategia, el precio nacional referente se mantiene por debajo de 27 pesos por litro y, en zonas fronterizas, menor a 25.39 pesos por litro, gracias a la tasa del IVA del 8% en esas regiones”, se informó. Ah, pero resulta que mil 538 estaciones continúan vendiendo ese combustible a precios superiores a los observados en el mercado. Así que no quedó de otra que señalarlos y con bastante precisión, por cierto, para que los consumidores sepan con claridad cuáles comercializan diésel a un precio superior al establecido en el acuerdo voluntario y mejor no carguen ahí.
A ver si no se le complica el juego al Partido del Trabajo en Baja California, nos comentan, luego de que se diera a conocer que a la exalcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero, a quien ese instituto arropa en el proceso interno de la 4T —para que sea la eventual candidata al gobierno de la entidad— no le retuvieron su visa, como ella informó, sino que se la revocaron. Fue el Semanario Zeta el que dio a conocer esa información que fundamenta en datos proporcionados por una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos. Incluso se dio la fecha en que esta revocación ocurrió: el pasado 14 de enero. Es sabido que el PT está tratando de jugar fuerte en la entidad de la mano del exgobernador Jaime Bonilla y con la carta de Caballero, quien hace unos días admitió que no podía cruzar al otro lado, pero lo atribuía a un trámite migratorio familiar. El caso es que ya salió el peine y, quienes conocen del tema político en Baja, nos hacen ver que los acercamientos de Bonilla con Dante Delgado, de MC, podrían tener otras vertientes si la apuesta con Montserrat se atora. Uf.
Novedades en el caso Ayotzinapa
Y se informó ayer que al exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, un juez le retiró la medida de prisión preventiva justificada en uno de los casos abiertos en su contra. Ello no implicará, nos comentan, que pueda modificarse la prisión domiciliaria que tiene actualmente ni otras medidas, como el uso de un brazalete electrónico. El beneficio del retiro de la medida cautelar en este caso —que en los hechos no implica algún tipo de concesión extraordinaria, nos precisan— se determinó a partir de que, por causas ajenas a él, la resolución de diversos procedimientos que ha interpuesto no se ha dado desde hace dos años. El exprocurador tiene procesos abiertos por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, relacionados con la indagatoria de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos en septiembre de 2014. Fue el primer encargado de realizar la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, derivando en la versión que se conoce como “la verdad histórica”.
“Las manos al fuego por Ruffo”
Y es del expresidente Vicente Fox la voz que hasta ahora más fuerte se ha alzado en defensa del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien fuera el primer gobernador proveniente de un partido de oposición en el país y quien se encuentra preso acusado de formar parte de una red de contrabando de combustible. “Yo meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo y lo haré mil veces si es necesario. Creo en él, le conozco, sé la calidad de persona que es, de su integridad, de su honestidad, conozco a su familia, conozco su vida. Meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo”, declaró quien fuera el primer presidente de oposición en el país. Nos comentan que ayer, en una mesa que reunió a varios exgobernadores panistas, como Francisco Ramírez Acuña, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez —a quienes ya tocó gobernar en la era de triunfos albiazules que tuvo como primer antecedente el triunfo, precisamente, de Ruffo Appel—, exigieron que el bajacaliforniano pueda enfrentar su juicio en libertad, tras considerar que mantenerlo preso en el penal del Altiplano es un exceso.
El muro comercial
