En el marco de la presentación de la Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia a nivel nacional, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, consideró que es momento para que la Ciudad de México inicie un debate en torno al tema.
En conferencia de prensa, la mandataria mencionó que buscará arrancar un espacio de debate en el que los legisladores, la población y el gobierno comiencen a discutir la posibilidad de la eutanasia a nivel capitalino.
“La ciudad puede avanzar bajo la regulación de lo que dice la Constitución [Política de la Ciudad de México] de una muerte digna”, dijo.

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Brugada destacó que la Constitución capitalina aún no respalda la eutanasia, pero sí la muerte digna, que ya está garantizada en la Voluntad Anticipada desde el 2008.
La Voluntad Anticipada garantiza que una persona pueda morir de acuerdo con sus decisiones y deseos, asistida bajo cuidados paliativos cuando vive con sufrimiento y dolores intensos.
Así lo refiere el apartado 2 de su artículo 6 referente a las libertades y derechos: “Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”.
Mientras que la eutanasia, es “el acto o procedimiento, por parte de un médico, para producir la muerte de un paciente, sin dolor, y a petición de este, para terminar con su sufrimiento”, como lo define la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud.
¿Quién impulsa la Ley Trasciende?
La Ley Trasciende es impulsada por la activista de la eutanasia, Samara Martínez, originaria de Guadalajara y residente en Chihuahua, que desde los 16 años vive con enfermedades que la obligan a ser usuaria de cuidados paliativos.
A los 16 años la diagnosticaron con hipertensión y dislipidemia mixta, seis años después, tras someterse a estudios de rutina, un nefrólogo le informó que la función de sus riñones se encontraba en 23 por ciento.
Desde ese momento ella requiere 10 horas diarias de hemodiálisis que no puede suspender ni un día de su vida y actualmente vive con etapa 4 de insuficiencia renal crónica, una antes de la etapa terminal, y lupus eritematoso sistémico, que hace que su sistema inmunológico ataque órganos y tejidos sanos en lugar de protegerlos.
La propuesta de Samara Martínez contempla que se reconozca el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida; además de garantizar una muerte digna, sin sufrimiento innecesario.
También plantea brindar un acompañamiento médico ético y humano a pacientes y sus familias, así como dejar de criminalizar la compasión y convertirla en un derecho.
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