El combate a la extorsión y la protección de quienes generan empleo se han convertido en uno de los ejes centrales de la estrategia de seguridad y desarrollo económico impulsada por el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.
Bajo esa premisa, el alcalde encabezó la firma del Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica, un acuerdo construido junto con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACOSERVYTUR) que busca fortalecer la actividad productiva mediante mejores condiciones de seguridad, certeza jurídica y acompañamiento institucional.
Durante el evento, Ismael Burgueño destacó que Tijuana fue elegida como el punto de partida nacional de esta iniciativa, al considerarse una de las ciudades más dinámicas del país en materia económica, comercial y de servicios.
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“Estamos ante un momento de gran trascendencia para nuestro municipio, uno que marcará el rumbo de la ciudad que queremos ser, una donde el crecimiento económico venga acompañado de bienestar y justicia social”, expresó.
Uno de los principales componentes del acuerdo es el fortalecimiento de las acciones contra la extorsión, delito que afecta directamente a negocios familiares, comercios y prestadores de servicios. Para ello, el pacto contempla mecanismos de denuncia anónima, coordinación permanente entre autoridades y sector empresarial, así como una mayor vinculación entre instancias municipales, estatales y federales.
La estrategia se encuentra alineada con los esfuerzos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes han colocado el combate a la extorsión entre las prioridades de la agenda nacional de seguridad.
La seguridad y el desarrollo económico son temas inseparables, especialmente en una ciudad fronteriza que concentra una intensa actividad comercial y turística, expresó el primer edil.
En ese sentido, afirmó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector productivo será fundamental para fortalecer la confianza, proteger la inversión y consolidar a Tijuana como referente nacional de una estrategia que busca cerrar espacios a la extorsión y generar condiciones más favorables para el crecimiento económico.
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