134 exfuncionarios públicos de Tamaulipas han sido inhabilitados por incurrir en conductas contrarias al correcto ejercicio de la administración. La mayoría, un 90 por ciento, pertenecía al gobierno anterior. Estas acciones forman parte de una estrategia estatal para combatir la corrupción y las irregularidades en el servicio público.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) de Tamaulipas ha sancionado a un total de 195 servidores públicos, de los cuales 134 recibieron una inhabilitación. Además, 85 expedientes han sido turnados al Tribunal de Justicia Administrativa por presuntas faltas graves.
Afirman que hay exfuncionarios de primer nivel de la administración pasada
Norma Angélica Pedraza Melo, contralora estatal, detalló que entre los inhabilitados hay exfuncionarios de primer nivel de la administración pasada. Algunos de ellos han impugnado las sanciones, y sus casos se dirimen actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa.
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La funcionaria destacó el fortalecimiento de la transparencia: “Cuando llegamos solamente 31 mil personas del Poder Ejecutivo estatal presentaban su declaración patrimonial y de intereses, hoy más de 79 mil están presentadas en tiempo y forma". Este año, 52 personas han sido sancionadas.
Sentencias son inhabilitaciones, amonestaciones y suspensiones
Las sanciones impuestas por la SABG incluyen inhabilitaciones, amonestaciones y suspensiones. Los 85 expedientes enviados al Tribunal corresponden a casos con elementos suficientes para presumir faltas administrativas graves, dejando a dicha instancia la determinación de responsabilidades y sanciones adicionales.
Pedraza Melo también resaltó el orden y la transparencia en las finanzas actuales. Las cuentas públicas 2023 y 2024 auditadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvieron montos observados muy bajos, equivalentes a un promedio de 10 a 14 millones de pesos mexicanos, lo que representa apenas el 0.03% y 0.02% del presupuesto auditado, respectivamente.
Estas medidas son resultado de procedimientos administrativos derivados de auditorías, revisiones de control interno, denuncias ciudadanas y procesos de fiscalización realizados por las autoridades competentes.
Las cifras reflejan un fortalecimiento en los mecanismos de vigilancia y control gubernamental en la entidad. En abril, la dependencia informó sobre la atención de más de cuatro mil expedientes de presunta responsabilidad administrativa, muchos relacionados con la administración anterior.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene un registro estatal de servidores públicos sancionados e inhabilitados, y coordina acciones permanentes de prevención, detección y sanción de irregularidades. Su labor incluye la atención de denuncias ciudadanas y la promoción de la transparencia, garantizando la administración legal y eficiente de los recursos públicos.
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