El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ya no está en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Estados Unidos, aunque su proceso en este país no ha terminado, por lo que se presume que estaría en preparación para incorporarse como testigo colaborador.
Así lo reportó el periodista Arturo Ángel, quien accedió a la ficha de Mérida Sánchez en los registros de Estados Unidos.
En la misma, se aprecia que el exsecretario de Seguridad no está bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) desde el martes 11 de agosto.
No obstante, no se tiene conocimiento de que Estados Unidos haya terminado su proceso o lo haya puesto en libertad, ni haya sido trasladado a otro centro de detención.
Por lo anterior, según el mencionado periodista, Gerardo Mérida podría estar bajo custodia federal en preparación para incorporarse al programa de testigos colaboradores.
Lo anterior como parte de sus negociaciones con Estados Unidos, las cuales, a su vez, siguieron a su entrega ante autoridades de este país el 11 de mayo de 2026.
En tanto, la audiencia de seguimiento del caso de Gerardo Mérida Sánchez, que había sido programada para el 4 de agosto, fue pospuesta de forma indefinida.
Gerardo Mérida y otros 9, señalados por EU por vínculos con el crimen
Gerardo Mérida forma parte de una lista de 10 funcionarios mexicanos que Estados Unidos señaló por presuntos vínculos con el crimen organizado, la cual incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza, entre otros.
Mérida Sánchez y el también acusado Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se entregaron ante las autoridades estadounidenses. Según se ha dado a conocer a través de reportes y fuentes judiciales, ambos estarían buscando colaborar con ese país, en favor de penas reducidas y otros beneficios.
En tanto, Rocha Moya, Inzunza Cázares y otros señalados permanecen en territorio mexicano, aunque el primero pidió licencia a su cargo. De la misma forma lo hizo Juan de Dios Gámez, entonces presidente municipal de Culiacán, Sinaloa.
Los 10 señalados cuentan con solicitudes formales de detención preventiva con fines de extradición emitidas por EU ante la Cancillería de México.
Sin embargo, el Gobierno de México no ha ejecutado las órdenes de aprehensión argumentando que el Departamento de Justicia de EU no ha remitido las evidencias y elementos de prueba requeridos bajo el tratado bilateral y la legislación nacional para autorizar los arrestos.
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