El Gobierno de Baja California prevé alcanzar una inversión pública acumulada de 61 mil 584 millones de pesos hacia el cierre de 2027. La administración estatal canalizará estos recursos prioritariamente a obras de infraestructura urbana, redes hídricas, planteles educativos y equipamiento de seguridad pública en los siete municipios de la entidad.
El monto proyectado para la presente gestión representa un incremento en la región, al equivaler a 6.7 veces la suma total invertida conjuntamente durante las tres administraciones estatales previas.
La disponibilidad presupuestal descansa en el fortalecimiento de los ingresos propios, cuya aportación a las finanzas estatales subió del 14.1% registrado en 2021 al 19.3% proyectado para 2026. Este comportamiento responde principalmente al aumento en la recaudación del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, el cual pasó de 4 mil 752 millones de pesos en 2021 a 11 mil 173 millones en 2025, con una previsión de 12 mil millones de pesos para finales de este año.
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Durante el reporte oficial, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda aseguró que la contención del gasto operativo permitió liquidar pasivos históricos y destinar un mayor volumen de capital a la atención de demandas ciudadanas.
“Logramos abatir todos los rezagos financieros que venía arrastrando el Gobierno del Estado durante muchísimas administraciones. Este orden financiero nos consolidó como el gobierno con más inversión en obra pública, bienestar y seguridad”, sostuvo la mandataria.
En el ámbito nacional, la Secretaría de Hacienda del Estado detalló que Baja California ascendió del lugar 12 al tercer sitio entre las entidades federativas con mejor manejo fiscal. Como resultado de este desempeño, las agencias calificadoras Fitch Ratings, HR Ratings y Moody’s ajustaron la calidad crediticia estatal a nivel A-.
Asimismo, las autoridades aplicaron un esquema de saneamiento sobre las paraestatales locales. Seis de los diez organismos que presentaban insolvencia operativamente ya registran estabilidad financiera, tras recibir asignaciones presupuestales destinadas al pago de deudas de ejercicios anteriores.
La dependencia estatal indicó que estas acciones forman parte de un plan financiero de diez puntos diseñado desde el inicio de la administración, enfocado en corregir presupuestos deficitarios y garantizar la operatividad constante de los servicios públicos esenciales en todo el territorio estatal.
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JVR
