El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular, con modificaciones, la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El objetivo de la reforma, asegura el texto del dictamen, es otorgar mayor certeza jurídica, homologar plazos y garantizar un acceso efectivo a la justicia para las personas.
Uno de los ajustes centrales de la reforma fue la nueva definición de “interés legítimo”, que ahora podrá acreditarse tanto de manera individual como colectiva, eliminando el requisito de que la afectación sea actual o que el beneficio del amparo deba ser directo.
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En el ámbito fiscal, el dictamen delimitó los mecanismos de garantía para obtener suspensiones frente a actos de cobro de créditos firmes: únicamente se aceptarán billetes de depósito emitidos por instituciones autorizadas. Con ello, legisladores de Morena subrayaron que la reforma busca “fortalecer el amparo”.
El proyecto también introdujo cambios procesales, al ampliar de 60 a 90 días el plazo para que jueces resuelvan amparos indirectos, con el propósito de frenar prácticas dilatorias conocidas como “chicanadas legales”.
Finalmente, en los casos de suspensiones vinculadas con procesos penales que incidan en la libertad personal, se extendió de tres a cinco días el periodo para que las personas quejosas presenten la garantía exigida.
Antes de subir a tribuna, integrantes de las diversas bancadas estaban distraídos en el celular; otros más, como la senadora Andrea Chávez Treviño, de Morena, afinaron los detalles para colocar una gran lona en la que invitaron a asistir al evento masivo de la Presidenta Claudia Sheinbaum el próximo domingo 5 de octubre.
El reloj marcó las 17:30 horas cuando Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, sonó la campana de la sesión. Los primeros en intentar detener la discusión fueron legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), que propusieron una moción suspensiva que de inmediato la aplanadora del bloque oficialista echó abajo.
Dicha moción señaló que los parlamentos abiertos habían recibido más de 50 opiniones de especialistas y ciudadanos, todas señalando que la reforma es regresiva, debilita el amparo, desnaturaliza la suspensión de actos reclamados, genera indefensión frente al bloqueo de cuentas y amenaza la presunción de inocencia.
Carolina Viggiano, del PRI, señaló que la enmienda debilita el acceso a la justicia, restringe la protección de los ciudadanos frente a abusos de poder y favorece a autoridades y grandes intereses.
Indicó que limita la suspensión de sentencias, elimina el interés legítimo para causas colectivas y encarece los procesos, dejando desprotegidos a pequeños empresarios, gremios y comunidades indígenas.
“Sé que hoy dicen ‘no se va a quitar el juicio de amparo’. Claro, no se va a quitar, se va a restringir la admisión, se va a restringir la suspensión, se va a restringir la ejecución de la sentencia. Dejan al pueblo desamparado. Ahora no van a proteger al pueblo, van a proteger al gobierno o a los poderosos del pueblo bueno”, advirtió.
La panista Guadalupe Murguía Gutiérrez coincidió en que la reforma concentra poder en las autoridades, limita la protección a pequeños contribuyentes y debilita la suspensión del acto reclamado.
“Imaginemos una persona que tiene una casa y que en esa casa se tiene que construir un parque, por lo que la casa tiene que ser demolida. Entonces, al promover un amparo, el juez, toda vez que se trata el parque de un acto de interés social, no podría decretar la suspensión del acto reclamado. Y entonces el quejoso, aunque gane el amparo, pues ya simplemente la casa está demolida”, señaló.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, atajó cuando afirmó que que la reforma es producto de un proceso plural y transparente, con audiencias públicas y la participación de especialistas y sociedad civil.
“Este dictamen es fruto de un trabajo legislativo serio, informado y plural. Fortalece al juicio de amparo sin desnaturalizarlo. Lo moderniza sin excluir a nadie. Lo hace más eficiente sin sacrificar garantías”, afirmó.
Explicó que moderniza el juicio de amparo mediante herramientas digitales, lo hace más ágil y eficiente, refuerza su carácter garantista y establece plazos claros y sanciones para evitar dilaciones, sin afectar los derechos esenciales.
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cehr
