El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, rechazó la iniciativa de reforma electoral presentada por Morena, al señalar que el texto omite sancionar con la pérdida del registro a los partidos políticos y candidatos que reciban financiamiento del crimen organizado.
Tras revisar el texto de la iniciativa, Anaya refirió que la iniciativa ni siquiera dice las palabras “crimen organizado”, lo que, a su juicio, confirma que el partido en el poder se niega a cortar sus vínculos con grupos delictivos.
“Morena no quiere romper sus relaciones con los criminales y quieren seguir dejando abierta la puerta para que les apoyen en las campañas”, afirmó el legislador panista en entrevista en el Patio del Federalismo del Senado de la República.
PAN alerta sobre Plan B electoral
Anaya reconoció que, por lo que hasta ahora se sabe, “hay muy pocas probabilidades de que la reforma pudiera pasar”, con el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) como señales tempranas de resistencia incluso dentro del bloque oficialista.
Ante ese escenario, advirtió que el gobierno podría recurrir a un “Plan B”: impulsar modificaciones a leyes secundarias que, a su juicio, violarían abiertamente la Constitución, con la esperanza de que el Poder Judicial las avale.
“En un país democrático, esto sería impensable, pero en esta autocracia que ha estado imponiendo Morena en México todo es posible”Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado
Descartó, además, cualquier riesgo de fractura interna: “El PAN está unido, está firme”.
“Farsa de reforma” por no incluir financiamiento ilegal: Ricardo Anaya
El senador calificó la propuesta de “farsa de reforma” y denunció que apenas contempla una vaga disposición para que las instancias competentes compartan información con el Instituto Nacional Electoral (INE). “Hasta ahí se quedaron, cuando la exigencia era una sanción radicalmente severa”, criticó.
Ricardo Anaya también alertó sobre las consecuencias que esta omisión podría tener más allá de las fronteras: consideró que la falta de candados contra el financiamiento ilícito podría generar fricciones con Estados Unidos, especialmente en el contexto de la renegociación del tratado de libre comercio (T-MEC).
“Esto podría tener consecuencias nocivas primero para la democracia mexicana, pero también para la economía”, advirtió.
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cehr
