Cuestionado sobre la posibilidad de revisar presuntas irregularidades en las cuentas de gobiernos estatales, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, aseguró que todas las investigaciones se realizan bajo criterios técnicos y objetivos.
“En cuanto a todas las denuncias o auditorías que tengamos de manera, digamos que individual, créanme que nuestra convicción es actuar con la misma metodología para hacer lo más objetivo posible, siempre estar tratando de poner nuestro grado de objetividad, hacer todo de manera mucho más eficiente, tener parámetros muy claros en las auditorías de cómo las vamos a trabajar, para que midamos a todos con la misma vara”, mencionó, tras ser consultado sobre el caso específico del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Añadió que los resultados de esas revisiones se darán a conocer en la segunda y tercera entrega de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública.
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Durante una conferencia de prensa, Hernández Palacios informó que la Unidad de Atención Ciudadana de la ASF había recibido, al corte del viernes pasado, 276 denuncias presentadas por ciudadanos relacionadas con posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Hernández Palacios informó que actualmente existen 30 servidores públicos relacionados con presuntas irregularidades que ascienden a 600 millones de pesos, casos que ya fueron turnados a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine las responsabilidades penales correspondientes.
Precisó que las denuncias derivan de auditorías forenses practicadas a las cuentas públicas 2020 y 2021, así como de la Cuenta Pública 2024, y abarcan instituciones de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
No obstante, evitó precisar qué dependencias o entidades están involucradas, al argumentar que debe preservarse el debido proceso y la presunción de inocencia.
“La información está contenida en el portal de la Auditoría Superior de la Federación. Hemos tomado esa política para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia”, respondió ante los cuestionamientos.
Respecto a los 31 expedientes de investigación iniciados por la ASF, el auditor explicó que las nuevas facultades permiten abrir investigaciones desde el momento en que se detectan posibles actos de corrupción, sin necesidad de haber determinado previamente un monto del daño patrimonial.
Cuestionado sobre las críticas a administraciones anteriores de la ASF, cuyos expedientes presuntamente no avanzaron ante la Fiscalía General de la República, Hernández Palacios aseguró que en esta nueva etapa habrá seguimiento puntual a cada denuncia.
Reveló que la Auditoría mantiene mesas de trabajo con la FGR para conocer el avance de los expedientes y sostuvo que tanto la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados como la ciudadanía serán informadas periódicamente sobre el estado de las investigaciones.
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LMCT
