La Secretaría de Gobernación (Segob) intensificó la revisión de expedientes de personas privadas de la libertad en condición de vulnerabilidad que podrían obtener su libertad mediante mecanismos de preliberación, amnistía o libertad anticipada, siempre que hayan sido procesadas o sentenciadas por delitos no graves.
Durante una nueva sesión del Comité Permanente de Preliberaciones, la dependencia dio seguimiento a la identificación de personas que cumplen con los requisitos legales para acceder a alguno de estos beneficios, con el propósito de favorecer su reinserción social.
La Segob señaló que el objetivo es “dar seguimiento a la identificación de personas privadas de la libertad en condición vulnerable con delitos no graves, que pueden acceder a mecanismos de preliberación, amnistía o libertad anticipada y así brindarles la oportunidad de que retomen su vida y se reinserten a la sociedad”.
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Indicó que la revisión prioriza a personas indígenas, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, considerados grupos en situación de vulnerabilidad.
Como parte del marco legal, la Ley de Amnistía, reformada por última vez en junio de 2024, establece que pueden acceder a este beneficio personas procesadas o sentenciadas por determinados delitos del fuero federal no graves, como robo simple sin violencia, algunos delitos contra la salud, casos relacionados con aborto y personas indígenas que no tuvieron acceso pleno a la justicia, entre otros supuestos.
La legislación excluye delitos graves como homicidio, secuestro y los previstos en el artículo 19 de la Constitución.
Desde finales de 2024, la Secretaría de Gobernación mantiene un Comité Permanente de Seguimiento encargado de revisar expedientes y emitir pronunciamientos sobre casos susceptibles de acceder a preliberación, amnistía o libertad anticipada, como parte de la política federal para facilitar la reinserción social de personas que cumplen con los requisitos legales.
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