El caso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido por su presunta participación en delitos relacionados con el huachicol fiscal —como contrabando de combustibles y delincuencia organizada— a través de una empresa de la que es accionista, generó un enfrentamiento político entre partidos en la Comisión Permanente del Congreso.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que cualquier persona señalada por un delito debe contar con las garantías constitucionales y que las autoridades deben actuar conforme a derecho.
“Nosotros siempre hemos dicho que se tiene que respetar el debido proceso, que cualquier persona tiene derecho a defenderse y que la autoridad tiene que presentar las pruebas correspondientes”, sostuvo.
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El legislador priista señaló que el combate a la corrupción no debe convertirse en una condena anticipada y exigió que las responsabilidades se determinen mediante los procedimientos legales: “Si alguien cometió un delito, que se le sancione, pero siempre dentro del marco de la ley”.
Por separado, el senador del PAN por Baja California, José Máximo García López, acusó que el proceso contra Ruffo Appel responde a una “operación política” y afirmó que el exmandatario estatal es “el primer preso político de este sexenio”.
En entrevista, el legislador panista sostuvo que la aplicación de la ley no ha sido pareja y pidió que las investigaciones se realicen bajo el mismo criterio para funcionarios y personajes vinculados con Morena.
García López recordó el caso del predio del exsenador morenista Gerardo Novelo en Ensenada, Baja California, donde en marzo del año pasado fueron localizados alrededor de 8 millones de litros de combustible, agregando que el abogado Fernando Gómez-Mont solicitó que el proceso se lleve a cabo en audiencia pública, algo que —según denunció— el gobierno decidió no hacer.
“Que se entregue a Rocha Moya a las autoridades norteamericanas (...) que se aplique la ley para todos los huachicoleros; hay un caso específico que se conoce, que es el predio donde también se tenía almacenamiento de este huachicol, en Ensenada, propiedad de un senador de Morena, Gerardo Novelo, y no vemos que haya esta misma acción”, afirmó.
Añadió que el PAN no se opone a que se investigue al exgobernador si existen elementos, pero insistió en que la ley debe aplicarse sin distinciones.
“Si hay pruebas suficientes que señalan y que puedan acreditar que hay una violación a la ley por parte de Ernesto Ruffo, pues que se aplique, pero que también se aplique para los demás que están señalados”, afirmó.
En contraste, el vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, rechazó que la detención de Ruffo Appel sea una persecución política y aseguró que deriva de una investigación de más de un año en la que participaron autoridades nacionales e internacionales.
“¿Cortina de humo? Una investigación de más de un año, en donde participó el SAT, la Fiscalía General de la República, la UIF e incluso es un tema de interés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. ¿De qué hablan?”, cuestionó.
El legislador afirmó que el expediente está relacionado con presuntos delitos de contrabando y delincuencia organizada vinculados con la importación ilegal de combustibles, y sostuvo que existen siete órdenes de aprehensión y más de una veintena de personas involucradas.
Ante cuestionamientos sobre posibles investigaciones contra integrantes de Morena, aseguró que no habrá protección para nadie.
“Si hubiera una persona que es de nuestro movimiento, que se le persiga. Esa es la enorme diferencia”, afirmó.
El morenista insistió en que el caso está sustentado en una carpeta de investigación y resoluciones judiciales.
“Estamos hablando de una carpeta de investigación con datos reales, con pruebas, una investigación y un juez de control. No hay persecución política”, sostuvo.
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