La iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio busca homologar en todo México las razones de género para investigar y acreditar este delito mediante un catálogo único de 19 circunstancias, además de establecer penas de 50 a 70 años de prisión para quienes lo cometan.
Actualmente, los 32 códigos penales estatales contemplan el feminicidio con diferencias en los elementos del tipo penal, las agravantes y las sanciones. La iniciativa sostiene que esa disparidad genera criterios distintos para clasificar los casos, dificulta las investigaciones e incluso puede propiciar un subregistro de feminicidios, por lo que propone establecer un estándar nacional para fortalecer la persecución penal.
¿En qué consiste la iniciativa contra feminicidio?
El documento que fue recibido este miércoles por la Comisión Permanente del Congreso, establece en la exposición de motivos, la iniciativa señala que “la violencia feminicida constituye una de las manifestaciones más graves de violaciones a los derechos humanos de las mujeres”, por lo que considera indispensable contar con una legislación uniforme en todo México.
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Para ello, la propuesta incorpora un catálogo nacional de 19 razones de género o circunstancias para acreditar el delito de feminicidio.
Entre ellas se consideran que la víctima presente signos de violencia sexual; lesiones, mutilaciones o actos de necrofilia; antecedentes de violencia familiar, laboral, escolar o de cualquier otro tipo por parte del agresor; una relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima; amenazas, acoso o lesiones previas; que haya sido incomunicada antes de ser privada de la vida; o que su cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público, entre otros supuestos que evidencien que el crimen fue cometido por razones de género.
El objetivo es evitar que estos casos sean investigados únicamente como homicidios y garantizar criterios uniformes para ministerios públicos y jueces en las 32 entidades federativas.
La iniciativa también establece que las investigaciones deberán realizarse con perspectiva de género, bajo el principio de debida diligencia reforzada y con protocolos homologados para las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.
Asimismo, prevé multas y medidas para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas.
El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República para su análisis y discusión.
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