La Presidencia de la República tendrá nuevas facultades para coordinar la comunicación social del gobierno federal, dar seguimiento a programas prioritarios y supervisar acciones de las dependencias, de acuerdo con el nuevo Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El ordenamiento, que entrará en vigor este miércoles y sustituye al reglamento de 2019, establece que la Coordinación General de Comunicación Social formulará y conducirá la política de comunicación social del gobierno federal y coordinará a las áreas de comunicación de las dependencias y entidades.
Entre sus atribuciones estará “validar las estrategias y programas de comunicación social, de promoción y de publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, además de emitir los boletines de prensa del gobierno, coordinar entrevistas y conferencias de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum y establecer mecanismos para la comunicación digital y las redes sociales institucionales.
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Los cambios deberán financiarse con el presupuesto aprobado para 2026 y ejercicios subsecuentes mediante movimientos compensados, pues el decreto establece que “no se autorizarán ampliaciones al presupuesto regularizable de la Oficina de la Presidencia de la República”.
El nuevo reglamento también faculta a la Coordinación General de Vinculación e Información para “diseñar y dirigir estudios de evaluación de imagen y opinión pública de la persona titular del Ejecutivo Federal y las acciones del Gobierno federal”, así como captar y procesar información difundida por medios nacionales y extranjeros sobre la Presidenta y el Gobierno federal.
En materia de programas prioritarios, la Secretaría Técnica del Gabinete podrá solicitar a las dependencias información sobre el avance físico-financiero de los proyectos que la Presidenta considere prioritarios, incluidos los de infraestructura, y reportarle directamente esos resultados.
La Coordinación General de Política y Gobierno participará, además, en el seguimiento y revisión de reformas constitucionales y en la coordinación con instancias legislativas para dar seguimiento a las reformas legales encomendadas por la titular del Ejecutivo.
El reglamento establece que las personas titulares de las unidades de apoyo técnico tendrán igual jerarquía, dependerán directamente de la Presidenta y serán nombradas y removidas libremente por ella.
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