El proceso penal contra el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez quedó sin una nueva fecha después de que la audiencia prevista para este 4 de agosto no se celebró ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El tribunal deberá programar la comparecencia, a más tardar, durante la primera semana de septiembre, conforme al periodo procesal abierto desde la presentación inicial del acusado.
En respuesta al periodista Arturo Ángel, la Corte explicó que el retraso obedece a un asunto de procedimiento. La aclaración descarta que el aplazamiento tenga relación con alguna enfermedad del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa o con un acuerdo entre su defensa y las autoridades estadounidenses.
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La diligencia correspondía a una revisión del avance del caso ante la jueza Katherine Polk Failla. Además, representaba la primera oportunidad procesal para que la Fiscalía y la abogada de Mérida Sánchez, Sarah Rebecca Krissoff, informaran al tribunal sobre una eventual negociación o convenio para resolver la causa sin llegar a juicio.
Hasta ahora, ninguna de las partes ha anunciado un acuerdo. La cancelación de la cita tampoco modifica los cargos ni la situación jurídica del acusado, quien permanece bajo prisión preventiva mientras Krissoff analiza las pruebas reunidas por el gobierno de Estados Unidos.
Durante la comparecencia del 1 de junio, Polk Failla otorgó un plazo para que la Fiscalía procesara el material probatorio (que, en palabras de las autoridades, era “abundante”) y lo entregara a la defensa.
La juzgadora fijó entonces el 4 de agosto como fecha tentativa para revisar el estado del procedimiento, pero la audiencia no quedó firme en el calendario judicial.
Mérida Sánchez se declaró no culpable tras quedar bajo custodia estadounidense en mayo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como asociación para contar con ese tipo de armamento.
La causa penal también incluye a otros funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa. La Fiscalía sostiene que los imputados brindaron protección a integrantes del Cártel de Sinaloa, especialmente al grupo de Los Chapitos. También se les acusa de facilitar actividades relacionadas con el traslado de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
Estos señalamientos forman parte de una acusación penal y todavía no constituyen una sentencia. La próxima comparecencia permitirá conocer si las partes avanzaron hacia un convenio o si el proceso continuará rumbo a juicio.
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