Estados Unidos abrió cinco expedientes penales contra mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación y ofreció más de 100 millones de dólares por información que permita capturar a ocho integrantes de su estructura. La ofensiva incorpora cargos por narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, homicidios y una estafa inmobiliaria que despojó de 400 millones de dólares a más de seis mil personas.
Las acusaciones, presentadas ante tribunales federales de Washington y Nueva York, alcanzan a dirigentes, operadores territoriales, responsables de células armadas y encargados de abastecer al grupo con fusiles y municiones. El Departamento de Estado acompañó las acciones judiciales con restricciones migratorias contra 65 familiares o personas cercanas al cártel, entre ellas 26 que tenían visa estadounidense y perdieron ese documento.
Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, concentra el mayor interés de las autoridades estadounidenses. La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo identificó como nuevo jefe del CJNG y lo colocó como su prioridad número uno. Washington ofreció 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena, la recompensa individual más alta dentro de la ofensiva anunciada este miércoles.
‘Esto es el inicio, vamos por ellos; incluye a narcopolíticos’: Terry Cole, director de DEA, sobre acciones contra CJNG
Los otros siete incentivos, con montos de entre dos y 15 millones de dólares, corresponden a dirigentes y colaboradores de alto nivel de la organización.
Todd Blanche, fiscal general interino, afirmó que su gobierno utilizará todos los recursos disponibles para localizar a los acusados. “El Gobierno de Estados Unidos empleará todas sus herramientas para llevar a estos procesados ante la justicia, sin importar dónde se encuentren”, declaró durante una conferencia conjunta con la DEA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado.
Cinco nombres concentran las nuevas imputaciones. Julio Alberto Castillo Rodríguez figura como dirigente de alto rango y presunto responsable del traslado de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína. Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, “El Sapo”, aparece como proveedor de armas, instructor de sicarios y supervisor de operaciones violentas.
Se suman los nombres de Ricardo Ruiz Velasco, “La Tripa”, quien enfrenta cargos por conspirar para importar heroína y fentanilo. Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”, aparecen como fundadores del Grupo Élite, una unidad armada que, de acuerdo con los fiscales, recurrió a la violencia para controlar comunidades, funcionarios y rutas de tráfico.
Terry Cole, administrador de la DEA, aseguró que esa institución acumula más de 100 acusaciones federales contra líderes, miembros y colaboradores del CJNG. También señaló que las autoridades buscarán a funcionarios que faciliten el narcotráfico, encubran dirigentes o protejan sus circuitos financieros.
“Si utiliza un cargo público para proteger a los cárteles, esta es su advertencia. La DEA va por usted”, afirmó. “Ningún título, puesto o vínculo político servirá como escudo”.
Cole confirmó que mantiene comunicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. “La comunicación es constante. Seguimos trabajando sobre el terreno entre ambos países”, declaró. “Él quiere lo mejor para su nación, yo busco lo mejor para la nuestra y para la seguridad de los estadounidenses”.
A esa estructura operativa se suma una red dedicada a defraudar a propietarios de tiempos compartidos en México. Las autoridades estadounidenses señalaron a Montero Pinzón, Rivera Varela y Griselda Margarita Arredondo Pinzón, identificada como contadora del CJNG, por participar en un esquema que utilizó llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y páginas falsas.
“El dinero que utilizaron y obtuvieron mediante esos centros de llamadas superó los 400 millones de dólares”, expuso Kash Patel, director del FBI. Según el funcionario, los responsables prometían vender o rentar propiedades vacacionales, pero exigían primero impuestos, anticipos y supuestos gastos administrativos.
Después del primer depósito, otras personas contactaban a las víctimas bajo la identidad de abogados, agentes inmobiliarios o servidores públicos. Cada interlocutor ofrecía recuperar las pérdidas a cambio de un nuevo pago. En una fase posterior, los extorsionadores advertían que el propietario había entregado recursos a un cártel y podría enfrentar cargos penales si no cubría multas adicionales.
Un hombre de 83 años perdió cientos de miles de dólares durante ocho años. Había adquirido un tiempo compartido por 179 mil dólares y después entregó recursos a empresas inmobiliarias inexistentes, despachos apócrifos, falsas agencias gubernamentales y supuestos policías mexicanos. Entre 2019 y 2023, este mecanismo afectó a más de seis mil estadounidenses.
Parte de las ganancias, según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), permitió financiar la compra de armamento, el pago de sobornos y el tráfico de drogas. La investigación incluyó el seguimiento de transferencias bancarias, intermediarios financieros y criptomonedas utilizadas para ocultar el origen y destino de los recursos.
“Vamos a encontrar sus fondos, vamos a localizar su dinero y no habrá frontera que nos impida recuperarlo”, sostuvo Gary Shapley, subdirector de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés). Esa agencia encabezó la Operación Tiempo Prestado, enfocada en rastrear comunicaciones y movimientos digitales vinculados con operadores del cártel.
Otro frente de la pesquisa identificó una red que trasladaba armas y cartuchos desde Estados Unidos hacia integrantes del CJNG en México. La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Douglas, Arizona, coordinó el caso junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y corporaciones mexicanas.
Matthew Millhollin, directivo de HSI, indicó que las indagatorias permitieron ubicar el circuito que presuntamente abastecía a “El Sapo”. Los expedientes atribuyen a Mendoza Gaitán la adquisición de buena parte del arsenal, la capacitación de hombres armados y la supervisión de campamentos destinados al adiestramiento.
Una investigación financiera separada contra la estructura de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, derivó en el aseguramiento de seis millones de dólares en efectivo, mil 100 kilogramos de cocaína, 94 de metanfetamina, aeronaves y armas. Diecinueve personas quedaron bajo arresto como resultado de esas operaciones.
“Cada dólar asegurado representa dinero que ya no puede utilizarse para comprar armas, corromper funcionarios o impulsar actividades criminales”, expresó Millhollin. “Cada arma retirada de circulación significa una herramienta menos para la intimidación y la violencia”.
Michael Gonzales, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, sostuvo que los programas de recompensas permitieron localizar a más de 90 fugitivos y entregar alrededor de 200 millones de dólares a informantes desde su creación.
“Vamos tras ustedes”, advirtió Gonzales. “Utilizaremos todas las herramientas disponibles para perseguir, desmantelar y destruir a estas organizaciones terroristas extranjeras”.
Te puede interesar:
- Acuden a juzgados por amparos contra prueba de la UNAM; aún no los obtienen
- Firma CSP decreto para maximizar transparencia
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR
