La exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago, afirmó que la presunta responsabilidad del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en el ocultamiento de información relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa era una línea de investigación que se encontraba abierta desde hace varios años.
En entrevista con Javier Solórzano para el programa Al Mediodía con Solórzano, de La Razón de México, la especialista expresó su sorpresa por el tiempo que transcurrió antes de que se concretaran las acciones judiciales contra el exmandatario.
“La verdad es que ese es un tema que fue tratado desde el primer informe e incluso desde los productos que se hicieron con el GIEI en 2020 y 2021”, declaró.
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Buitrago explicó que las investigaciones revelaron tres elementos fundamentales. El primero, dijo, fue el conocimiento que las autoridades estatales tenían sobre la infiltración del crimen organizado en diversas corporaciones de seguridad de Guerrero.
“Desde marzo de 2014 existían informes que advertían que esas policías estaban infiltradas por el crimen organizado”, señaló.
El segundo aspecto se relaciona con el seguimiento que las autoridades dieron a los movimientos de los estudiantes normalistas antes y durante la noche de los ataques.
“Había conocimiento pleno de los movimientos de los estudiantes, y eso no exime de responsabilidad a otros actores involucrados”, añadió.
La especialista recordó que el GIEI solicitó la comparecencia de distintos funcionarios y servidores públicos para esclarecer su posible participación en los hechos.
Asimismo, destacó la relevancia de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales, según diversas investigaciones, podrían haber aportado información clave sobre la desaparición de los estudiantes.
“Era una prueba fundamental, porque registraba el paso de personas, vehículos y uno de los autobuses en los que se trasladaban los estudiantes”, sostuvo.
Buitrago subrayó que las acciones encaminadas a ocultar o destruir pruebas constituyen una extensión del propio delito, ya que impiden el acceso a la verdad y obstaculizan el trabajo de las autoridades.
“Las acciones posteriores que buscaban encubrir lo ocurrido eran tan graves como la propia desaparición, porque perpetúan la desaparición forzada mediante el ocultamiento de los elementos probatorios”, afirmó.
La exintegrante del GIEI aclaró que desconoce los elementos específicos con los que cuenta actualmente la Fiscalía General de la República, aunque consideró positiva la continuidad de las líneas de investigación planteadas desde años atrás.
Finalmente, señaló que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en el caso y establecer las sanciones correspondientes.
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MSL
