La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la propuesta del ministro Giovanni Figueroa Mejía para conceder un juicio de amparo indirecto promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, dependiente del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
La resolución responde a las omisiones de diversas autoridades del Estado de México para erradicar las condiciones de sobrepoblación en el Centro de Readaptación Social de Neza-Bordo.
Durante el debate en la SCJN, el ministro Giovanni Figueroa, señaló de manera enfática que el hacinamiento en los centros penitenciarios es un fenómeno urgente que debe resolverse por todas las autoridades del Estado mexicano, a fin de asegurar el respeto a los derechos humanos y el eficiente funcionamiento del sistema de reclusión.
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El ministro argumentó que la sobrepoblación constituye un problema grave que afecta directamente funciones esenciales del Estado, como la provisión de educación, alimentación, atención médica y trabajo, elementos fundamentales orientados a la reinserción social de las personas que purgan una condena.
Actualmente, el penal mexiquense conocido como Neza-Bordo alberga a más de 5 mil personas privadas de la libertad, a pesar de que su infraestructura original fue diseñada para recibir a menos de 2 mil internos.
Esta disparidad representa una tasa de sobrepoblación del 236 %, cifra que rebasa de manera alarmante el umbral crítico del 120 % establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para prevenir tratos crueles e inhumanos.
Las ministras y ministros de la SCJN respaldaron la propuesta original de Figueroa Mejía y sumaron puntos sobre los efectos del amparo.
¿Qué acciones se realizarán tras el fallo de la SCJN?
La medida dictada por la Corte contempla acciones coordinadas y bajo estricta supervisión judicial, requiriendo la entrega de informes trimestrales de cumplimiento para verificar que no continúe agravándose la crisis dentro del establecimiento penal.
Figueroa Mejía destacó que el juicio de amparo representa una gran oportunidad para visibilizar el hacinamiento en las cárceles del país y la región.
El fallo sienta un precedente clave en el país en materia de derechos humanos, al señalar que la pérdida de la libertad no implica la renuncia a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución mexicana.
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JVR
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