El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar posibles responsabilidades, omisiones o actos indebidos relacionados con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de San José Iturbide, Guanajuato, luego de que la empresa operadora aseguró contar con permisos para almacenar petrolíferos.
El diputado federal panista Daniel Chimal García cuestionó que el operativo haya sido presentado públicamente como un decomiso histórico de “huachicol”, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación para determinar el origen y la legalidad del combustible.
El legislador sostuvo que las autoridades deben explicar por qué se difundió el aseguramiento como combustible ilícito cuando la empresa Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, afirmó que sus operaciones se encuentran amparadas por el Permiso de Almacenamiento de Petrolíferos PL/19344/ALM/2016 y otras autorizaciones federales, estatales y municipales.
“Lejos de brindarnos una explicación, tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum evadiendo ahora el tema. Porque eso sí, muy puesta para dar a conocer la noticia, pero muy mala para darle la explicación a los mexicanos de por qué resultó toda una pifia”, acusó Chimal García.
El diputado panista demandó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determine si existieron omisiones o irregularidades de servidores públicos en torno al caso y cuestionó el procedimiento mediante el cual se calificó el combustible como huachicol.
Chimal García cuestionó que, hasta ahora, no existan detenidos vinculados directamente con los 59 millones de litros asegurados y acusó al gobierno federal de utilizar el operativo para presumir resultados en el combate al llamado huachicol fiscal.
“Lo único que hace la Fiscalía General de la República es tratar de llevarse estrellitas a costa del mal nombre de quienes hacen su trabajo de manera correcta”, sostuvo.
Por separado, la diputada federal del PAN, Paulina Rubio, cuestionó la actuación de distintas instituciones involucradas en el combate al contrabando de combustibles y señaló a la Marina, las agencias aduanales y la Secretaría de Hacienda como instancias que, desde su perspectiva, deben ser revisadas dentro de las investigaciones sobre huachicol fiscal.
La legisladora también cuestionó la actuación de exfuncionarios de la Secretaría de Marina y pidió esclarecer las responsabilidades que pudieran derivarse de las investigaciones en curso.
Rubio sostuvo que debe determinarse hasta dónde llegaron las responsabilidades de funcionarios públicos en las redes de contrabando de combustibles y cuestionó que las autoridades concentren sus acciones en algunos casos mientras, afirmó, persisten interrogantes sobre posibles responsabilidades dentro de las propias instituciones encargadas de combatir este delito.
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