El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que, una vez promulgada la reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad única para quienes encabecen el Poder Ejecutivo Federal y los poderes ejecutivos de las entidades federativas, se elaborará una ley reglamentaria para establecer el procedimiento de renuncia a una segunda nacionalidad.
El coordinador parlamentario de Morena explicó que las modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscan reforzar los principios de soberanía e independencia nacional, al establecer que los cargos relacionados con la conducción del país y de las entidades federativas sean ejercidos exclusivamente por personas con nacionalidad mexicana única.
Monreal sostuvo que la reforma no está dirigida contra una persona en particular ni pretende afectar a mexicanos con doble nacionalidad, sino que establece una norma de carácter general y obligatorio.
“Esta reforma no tiene carácter particular, ni tampoco está orientada a afectar a un mexicano o a una mexicana; no tiene una carta de intención contra nadie”, afirmó.
El legislador señaló que, una vez concluido el proceso constitucional y promulgada la reforma, corresponderá a la legislación secundaria definir los mecanismos para que una persona con doble o múltiple nacionalidad pueda renunciar a las nacionalidades distintas a la mexicana en caso de aspirar a alguno de los cargos contemplados.
De acuerdo con Monreal, la reforma responde a un contexto en el que, desde su perspectiva, existe riesgo de injerencia extranjera en los asuntos internos del país.
“Creo que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene sentido y tiene un compromiso histórico con la nación en estos momentos oportunos en donde la injerencia extranjera amenaza la política interna de nuestro país”, sostuvo.
El también coordinador de Morena argumentó que la exigencia de nacionalidad única es jurídicamente compatible con los instrumentos internacionales, al considerar que la nacionalidad puede constituir una condición para regular el ejercicio de determinados derechos políticos.
En ese sentido, citó los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la posibilidad de que los Estados establezcan requisitos para el ejercicio de derechos, siempre que se observen principios de proporcionalidad, compatibilidad y razonabilidad.
“Cargos de elección popular como el de presidente de la República, o gobernadores, o gobernadoras, jefa de Gobierno o jefe de Gobierno tienen que ser cuidadosamente reglamentados”, expresó.
Te puede interesar:
- Caso Ernesto Ruffo: FGR celebrará nueva audiencia el viernes para revisar cambio de medida cautelar
- Kenia López Rabadán pide revisar con el Senado definiciones en ley contra el feminicidio
- ¿Quién es Miguel Sánchez, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, que fue detenido?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT
