Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron este jueves un cateo en las oficinas administrativas del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de las investigaciones por la presunta red de corrupción entre funcionarios del organismo y empresas proveedoras de materiales electorales vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas.
Las diligencias se efectuaron en la Torre Zafiro, ubicada en Periférico Sur número 4124, colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, específicamente en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y la Subdirección de Adquisiciones, donde agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, inspeccionaron equipos de cómputo y archivos.
En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre los resultados de la diligencia ni los posibles hallazgos.

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Exdirector de Recursos Materiales aparece en investigación
El área intervenida estuvo encabezada hasta hace unas semanas por Mario Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales y Servicios y colaborador cercano de la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. El exfuncionario presentó su renuncia en medio de la crisis institucional y apareció en un video en una reunión con el empresario.
Hernández Casillas es señalado como propietario de Cajas Graf, empresa que ha obtenido contratos para suministrar materiales electorales al INE y a diversos organismos públicos locales electorales. Las relaciones entre funcionarios y proveedores quedaron bajo cuestionamiento tras revelarse presuntos conflictos de interés e irregularidades en las contrataciones.
INE presentó denuncia ante la FGR por posibles delitos
El caso también derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo y en la presentación de una denuncia del propio Instituto ante la FGR para que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades.
En un comunicado emitido el 6 de noviembre, el INE informó que solicitó investigar las “posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes”.
Las diligencias ministeriales se suman a las revisiones que previamente inició la Auditoría Superior de la Federación sobre los contratos y la relación entre las empresas proveedoras de materiales electorales y el organismo.
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