La jueza federal Kathleen M. Williams estableció para el 20 de enero de 2027 la audiencia de imputación contra el exministro venezolano de Industria y Producción Nacional, Alex Saab, quien se declaró culpable del delito de lavado de dinero mediante un acuerdo pactado con la fiscalía estadounidense.
La audiencia fue programada para las 14:00 horas en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde fue acusado de actuar como presunto prestanombre del destituido presidente Nicolás Maduro.
El delito imputado conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una sanción económica de hasta 500 mil dólares. No obstante, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acordó solicitar una pena menor a favor del procesado, por la información que Alex Saab promete entregar.
En los expedientes judiciales del caso se detalla que Saab asumió el compromiso formal de aportar testimonios, documentos, registros y pruebas veraces dentro de cualquier proceso judicial en que sea requerido.
El pacto de colaboración obliga al acusado a revelar datos concretos sobre sus cómplices, entre los que se contempla a altos miembros del gobierno venezolano, sin que se haya mencionado de forma explícita el nombre de Maduro dentro de esos términos contractuales.
Las investigaciones registradas en su declaratoria establecen que en 2015 Saab coordinó un esquema ilegal con altos funcionarios de la administración pública venezolana. Dicha red operó mediante el pago de sobornos vinculados al programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), utilizando transferencias bancarias dirigidas hacia el sur del estado de Florida.
Dentro de las cláusulas del acuerdo, el empresario petrolero de origen colombiano aceptó no proteger a ninguna persona o entidad mediante datos falsos u omisiones.
Asimismo, se comprometió a entregar 195 millones de dólares, además de propiedades y bienes derivados de los ilícitos, otorgándole la fiscalía un plazo de 14 días para transparentar la totalidad de sus activos.
Saab había sido deportado a Miami en mayo tras un proceso previo por lavado de dinero en 2023, año en que fue liberado por la administración de Joe Biden en un intercambio de prisioneros.
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JVR
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