Empresarios y organizaciones empresariales solicitaron al Gobierno Federal incrementar la seguridad en el país, luego del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán.
“Las organizaciones empresariales y sociales de diversas partes del país condenamos enérgicamente el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez. Expresamos nuestra profunda consternación y extendemos nuestras condolencias a su familia, recordando que el alcalde había solicitado reiteradamente apoyo al Gobierno Federal para enfrentar a los grupos criminales que operan en su municipio”, indicaron en un documento firmado conjuntamente.
Señalaron que el crimen, al que calificaron de “atroz”, no puede quedar impune. Exigieron, además, que las autoridades aclaren los hechos con celeridad, que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley y que se fortalezcan las medidas de protección y seguridad para toda la ciudadanía.

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Asesinato de Carlos Manzo se suma al de líder limonero en Michoacán
“La violencia que aqueja a Michoacán y a diversas regiones del país mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante y pone en riesgo la vida de quienes trabajan diariamente por el desarrollo de sus comunidades”, dijeron.
Además, destacaron que a esta tragedia se suma el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 20 de octubre, lo que evidencia el grave deterioro de la seguridad en la región.
“Pese a las recientes visitas de autoridades federales y estatales a Apatzingán, los encuentros excluyeron a sectores fundamentales, como el productivo, académico, religioso y a los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, así como a los alcaldes que enfrentan directamente las consecuencias de la violencia”, indicaron.

Urgente, que autoridades “asuman su responsabilidad”
Ante este panorama, demandaron acciones inmediatas y contundentes al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, ya que “es urgente” que las autoridades “asuman su responsabilidad” directa en la recuperación de la seguridad y que no se permita que la población civil siga en riesgo.
Asimismo, exigieron una reunión inmediata con todos los sectores del Estado y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y su gabinete de seguridad, con el fin de conocer qué acciones se están implementando, cuáles son los resultados esperados y qué estrategias se aplicarán para garantizar la seguridad en la región.
“El avance de la criminalidad no solo amenaza la integridad de las personas, sino que frena el crecimiento económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza social. México necesita respuestas firmes y coordinadas que permitan reconstruir el tejido social y devolver la tranquilidad a las comunidades”, señalaron.
“Reiteramos nuestro llamado a trabajar unidos —Estado y sociedad— en favor de la estabilidad, la justicia y La Paz”, añadieron.
El documento está firmado por varios organismos empresariales entre los que destacan organismos locales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
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