El exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público, informó la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno de México, a través de una tarjeta informativa emitida este jueves.
La dependencia federal precisó que la incorporación del exfuncionario al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), la cual se había comunicado previamente tras su salida de la petrolera estatal, nunca se formalizó.
De acuerdo con el documento oficial de la Sener, la decisión de no contemplar la formalización de su nombramiento institucional en el INEEL responde de manera directa a recientes acontecimientos que son ya del conocimiento público.
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La aclaración de la autoridad de energía se da luego de la difusión masiva en redes sociales de una grabación de seguridad en la que se observa al exesposo de la afectada cometer un acto de violencia familiar.
La rectificación del Gobierno de México ocurre a pocas horas de que el video comenzara a registrar altos niveles de interacciones y reclamos sociales en páginas web.
La grabación que dio origen a la tarjeta informativa de la Sener muestra de manera nítida los hechos de violencia física ocurridos en el interior de una residencia particular.
Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia interna exponen el momento exacto en el que el exdirector general golpea a su esposa en la estancia del inmueble, un espacio equipado con un sillón claro, un televisor y una silla alta de bebé de color verde.
El sistema de circuito cerrado del domicilio registró de forma automática la marca de tiempo en la que se perpetró la agresión, que tuvo lugar el pasado domingo 3 de mayo de 2026.
La política de comunicación de la Secretaría de Energía determinó dejar en claro que el exservidor público carece de cualquier nombramiento activo o protección institucional.
La falta de formalización de su plaza en el INEEL cierra la puerta a su continuidad en el servicio civil de carrera dentro de la presente administración, marcando un precedente en el tratamiento de funcionarios vinculados a denuncias públicas de violencia de género.
Los canales oficiales del sector energético no han emitido comentarios adicionales respecto a posibles procedimientos legales derivados del caso, limitándose a establecer la separación absoluta del exdirector respecto a las funciones gubernamentales.
La opinión pública y diversas organizaciones civiles han comenzado a exigir que el caso trascienda el ámbito administrativo para ser evaluado por las autoridades de procuración de justicia del fuero común.
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