Entre altos mandos militares y en círculos políticos circuló la versión de que Estados Unidos le canceló su visa a Óscar Audomaro Martínez Hernández, hijo del general en retiro Audomaro Martínez, y otrora poderoso director del Centro Nacional de Inteligencia en el sexenio pasado. El motivo, las sospechas sobre presuntas operaciones irregulares relacionadas con temas de presunto huachicol fiscal, por las cuales están bajo proceso varios elementos de la Marina y otros están prófugos. Martínez Hernández es director general de la empresa Sedegral (Seguridad Privada, Defensa en General), de la cual son accionistas mayoritarios él y su madre. En días pasados, varios medios de comunicación señalaron —citando datos de la carpeta de investigación— que ésta y otras compañías están sujetas a investigación por su posible relación con la introducción ilegal de hidrocarburos al país. Al parecer, en EU tomaron nota y habrían determinado la cancelación de la visa. ¿Será?
Violeta
Nos recomiendan poner lupa en el fuerte discurso, lleno de mensajes, pronunciado ayer por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante su comparecencia ante el Senado. La funcionaria fue enfática al advertir que “si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”. Y aseguró: “En el Gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales”. Rosa Icela se ganó el aplauso de los legisladores, incluidos los de oposición, cuando dijo que la investigación sobre huachicol fiscal no ha terminado y que hay “bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata”. La titular de Segob dijo ser parte de un Gobierno que condena el dispendio, lo que, nos aseguran, hizo que más de un morenista agachara la cabeza para no recibir la pedrada. Hay quienes piensan que el buen nivel de gobernabilidad del país se vio reflejado en la comparecencia. Ahí el dato.
De confirmarse la elección de Nashieli Ramírez como titular de la Secretaría General de la Contraloría de la CDMX, lo primero que encontrará al asumir el cargo, nos comentan, será dos asuntos-bomba. Se trata de la denuncia en contra del alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, por ordenar el cierre al público del estadio de la Ciudad de los Deportes, y de una en contra de su similar de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por el retiro de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara, de la colonia Tabacalera. Ambos expedientes ya están en estudio, pues los procedimientos no se pueden detener. Por cierto, nos cuentan que durante el año en que la Contraloría ha estado acéfala, decenas de servidores públicos, la mayoría jóvenes bien capacitados, se ha dedicado a sacar la chamba, que es mucha, pese a que la salida del último titular, Juan José Serrano, provocó una desbandada de mandos altos y medios. De esto también se enterará Nashieli. Pendientes.
Nos comentan que el golpe que el Gabinete de Seguridad dio al Cártel de Sinaloa, con la detención de Juan Pablo Vargas, El Chuki, tiene un significado especial, porque se dio en el municipio de Badiraguato, la cuna de este grupo delictivo. De acuerdo con lo que informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, el ahora detenido estaba al servicio de la facción de Los Chapitos y, era tal su relevancia, que se encuentra vinculado a la misma causa penal que otros 12 objetivos de alto nivel, como Ovidio Guzmán, El Ratón; Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Julio César Chávez junior. Como ha ocurrido en otras detenciones, El Chuki fue localizado gracias a un gran trabajo de inteligencia en la comunidad de Surutato, en donde fue sorprendido por las Fuerzas Federales, sin darle oportunidad a oponer resistencia. Hay quienes leen en esto el mensaje de que, Badiraguato, la tierra de los fundadores del Cártel de Sinaloa, dejó de ser inexpugnable. ¿Será?
Las lluvias torrenciales que cayeron el fin de semana en Nezahualcóyotl, nos dicen, pusieron a prueba no sólo la infraestructura urbana, sino la capacidad de respuesta institucional. En cuestión de horas, el oriente del Estado de México pasó de la normalidad a la emergencia, con ocho mil familias afectadas en alrededor de 120 cuadras. La respuesta de los tres niveles de Gobierno, en especial del federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el municipal y el estatal, se dio a través de bombas, pipas, censos y apoyos. Pero lo más destacado fue la decisión política de la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, de acometer la atención de ésta con la impronta de su Gobierno: recorrer las calles, hablar con vecinos y asegurar apoyos inmediatos sin descuidar la educación a distancia, son señales de que, tras su informe, la narrativa no se queda en los auditorios, sino que se traduce en acción sobre el terreno.
Nos hacen ver que, a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se le hacía tarde para estrenar la nueva Ley de Expropiación que hace unos días aprobó el Congreso estatal. Amparada en las nuevas disposiciones —promovidas por ella—, la mandataria morenista expropió tres predios, propiedad de familiares o allegados al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con una extensión de 70 mil metros cuadrados. En el decreto correspondiente fueron declarados “de utilidad pública” los terrenos, pertenecientes, uno a Yolanda Mercedes Cárdenas, madre de Alito Moreno, y dos a Juan José Salazar Ferrer, arquitecto de cabecera del líder priista. Podría tratarse de una causa noble, ya que en los terrenos se pretende construir un campus de la Universidad Rosario Castellanos. Sin embargo, la decisión se tomó de manera unilateral, sin consultas previas a los propietarios, como se hace regularmente, es decir, a rajatabla, como todo lo que hace la mandataria campechana, nos comentan. Uf.
