Y fue el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, el mismo que estuvo al borde del desafuero por el caso de la denuncia de intento de violación que interpuso su media hermana en su contra, el que en la víspera del 8M informó que alistará una iniciativa de ley para sancionar a mujeres que acusen “sin argumentos” a hombres. El exfutbolista considera que se deben equiparar las sanciones contra quienes realicen “acusaciones falsas” con las que se impondría a la persona denunciada. “Imagínate, si a mí me acusan por esto, que me pueden aventar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacerle lo mismo y tratar de denunciar a la persona que mintió, que te hizo daño”, declaró el exgobernador de Morelos antes de participar en el Mundialito Legislativo en las canchas de la Cámara de Diputados. Sobre la denuncia en su contra dijo que espera ser llamado por la fiscalía estatal y anunció que demandará a legisladoras de MC por daño moral. ¿Qué tal?
Y hablando del 8M, donde de plano no se midieron fue en el municipio oaxaqueño de Santo Domingo Tehuantepec, a cargo de la morenista Ana Cecilia Pérez. Y es que resulta que en ese lugar convocaron a un taller en el que enseñarían a las mujeres a elaborar un “kit forense” para usarse en caso de que sean halladas sin vida o desaparezcan. La indignación no se ha hecho esperar porque es en este caso una autoridad la que con estas medidas busca normalizar una situación de violencia en el país. “La obligación del Estado es evitar las desapariciones. Encima de que no pueden con eso, ahora también depositan en las mujeres la labor de crear sus propios archivos… Ya no perdonan ni la burla, especialmente en el tenso clima de desapariciones y feminicidios que parecen no dar tregua en el país”, acusó la colectiva Brujas del Mar. Y no solo eso, resulta que la activista que desarrollo el tema del kit forense, Becky Ríos, denunció plagio y un intento por lucrar con su proyecto. Uf.
LA PRESIDENTA Y EL MUNDIAL.
Con la novedad de que una vez concluidas las entrevistas con los aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación, el proceso de designación que se lleva a Cabo en la Cámara de Diputados entra a una etapa de definiciones. Y es que ahora los integrantes de la Comisión de Vigilancia tendrán que elegir una terna de entre los 77 perfiles que entrevistaron, ya que cuatro al final no acudieron. Ha llamado la atención que la mayor parte de los interesados en ocupar el cargo que quedará vacante sean hombres, ya que menos del 20 por ciento son mujeres. Por lo pronto, la lista final quedaría definida entre el lunes y el martes de la próxima semana y la gran incógnita sigue siendo si será reelegido o no el actual auditor, David Colmenares, de quien, dijo ayer el diputado Javier Herrera Borunda, no tiene garantizado entrar porque es un candidato más. No se ha descartado, sin embargo, que la persona finalmente elegida —que tendrá un encargo de 8 años— pudiera ser alguien cercano al gobierno o a la 4T. Por lo pronto, pendientes.
› Ante especulaciones sobre el Plan B
Para contener un poco la ola de especulaciones sobre el posible contenido de un Plan B en materia de reforma electoral, fue el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien descartó que pueda ser a través de ajustes a leyes secundarias que se concreten los cambios sustanciales que la iniciativa enviada plantea y que implican modificaciones constitucionales. “Hay puntos centrales que si no se modifican en la Constitución no se pueden modificar en Ley Secundaria”, aclaró el zacatecano. Lo anterior significa que un hipotético Plan B no contendrá modificaciones que se haya rechazado efectuar por la vía constitucional. Es sabido que los temas en los que los aliados no han dado su brazo a torcer —y hay pocas esperanzas de que lo den— son la reducción del financiamiento público, el recorte de pluris en el Senado y la nueva fórmula de asignación de curules de representación proporcional que le quita el monopolio del dedazo a las dirigencias partidistas. Y también que en San Lázaro están apurando el dictamen —que sería el martes próximo— de la iniciativa presidencial. Así que pendientes.
Muchas cejas se levantaron ayer al conocerse la despreocupada manera en la que sesionan algunos diputados de la Ciudad de México. Y es que resulta que ayer, durante la reunión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social del congreso capitalino, Diana Sánchez Barrios, quien forma parte de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, atendió la sesión mientras era peinada aparentemente en una estética, al menos así se apreció en las ocasiones en las que encendió la cámara. En tanto, su compañero de Morena, Víctor Varela, se conectó desde su vehículo y se le ve conduciendo mientras se desarrolla la reunión. Nos dicen quienes pretenden ser más benévolos que aparentemente no era una sesión que demandara mucha atención y que hasta habilidades multitask mostraron. Sin embargo, no han faltado voces críticas que demandan de los representantes populares en todo momento, al menos en lo que respecta a las tareas que implica el cargo, darle atención plena porque, han recordado aquel refrán que reza: “el que tiene tienda que la atienda…”
› Y sigue la “narconómina” salpicando
Y es el tema de las presuntas narconóminas que habría tenido el líder del CJNG el que sigue metiendo en aprietos a funcionarios de Chiapas. Ahora fue la alcaldesa de San Cristóbal, la morenista Fabiola Ricci Diestel, la que tuvo que explicar que no ha recibido recurso alguno de ningún grupo del crimen. Ocurre que en días pasados se conoció un listado con nombres y cantidades en las que aparecen los conceptos “Secretaría S. Cris” y “Municipio S. Cris”. Pero no fue todo: resulta que esto vino a concatenarse con la difusión de videos en las redes sociales que los hijos de la alcaldesa hicieron, en los que aparecen al lado de vehículos Audi que cuestan más de un millón de pesos y también de imágenes en un backstage de un famoso cantante de corridos tumbados. Ricci Diestel ha dicho que los coches son del abuelo de los jóvenes y que ella no ha recibido nada de grupos o cárteles. “No puedo meter las manos por todos (los del ayuntamiento) porque te mentiría. No tenemos el control de todos, pero sí de mi vida y de la vida de mis hijos”, agregó.
