Informan que, por si nadie se acordaba de ellos, la nueva Ley General de Aguas y su aplicación ya hizo que la familia del exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, volviera al centro noticioso después de que ayer, durante la conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, exhibieran estos apellidos, involucrados en el uso —abuso, más bien— de unos 628 mil metros cúbicos de agua, concentrados en cinco títulos de concesión para aprovechamiento agrícola, que eran desviados para abastecer un campo de polo, incluso para comercializar el agua a través de pipas. Qué tal. Con este ejemplo expuesto, el Gobierno dejó claro, una vez más, que aquello que está escrito en la Constitución debe hacerse valer. Precisamente, en el marco de este quemón, la mandataria anunció la entrega de concesiones de agua a municipios de Baja California que antes debían pagar unos 500 millones de pesos para tener acceso al recurso. Uf.
Todo en paquete
A muchos sorprende que el diputado federal de Morena, Sergio Mayer, siga hablando del tema que lo llevó a un proceso interno en su partido por atentar con los principios de los guindas, ésos que —reprocha él mismo— ya se han violado desde antes y por otros. En fin, ya reinstalado en su curul tras ser expulsado de La casa de los famosos de Estados Unidos, Mayer se puso irónico, al señalar que pudo haber legislado aun participando en el célebre reality show, desde su dispositivo móvil, en vista de que hay sesiones a distancia en la Cámara baja. “Si me hubiera llevado mi celular (al programa televisivo), hubiera podido legislar desde donde estaba, me hubieran avisado”, exclamó Sergio, quien insistió en que él nunca actuó de manera incorrecta y que —además—, si hizo lo que hizo fue para “tener un ingreso extra”, justo como lo hacen tooodos los diputados y diputadas en San Lázaro. La cuestión —o la diferencia—, dijo, es que se trata de Sergio Mayer. ¿Cómo lo ven?
Nos hacen ver que la tendencia reciente con los cónsules es que su salida ha sido menos discreta que su llegada. La prueba más reciente nos la dio el caso de Martín Camarena Obeso, removido por el canciller Juan Ramón de la Fuente, como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, un cargo que por cierto desempeñaba desde 2002, cuando fue nombrado en el gobierno de Vicente Fox. El fin del cargo de Camarena, quien si bien no percibía un sueldo, ya que —como su título lo precisaba— se dedicaba a actividades meramente honorarias y/o de promoción, coincidió con que de manera reciente se dieran a conocer presuntos vínculos que habría tenido con el crimen organizado, a través de una empresa inmobiliaria. El suceso nos recuerda lo que le pasó al empresario copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, a quien el gobierno de Guatemala le reiteró a finales del año pasado el cargo de cónsul honorario en Toluca, después de las investigaciones que se iniciaron en su contra por múltiples delitos. Ahí el dato.
Dicen que los que se andan frotando las manos en espera de que el Plan B fracase en el Congreso son los legisladores de la oposición. Ayer representantes de las fuerzas partidistas contrarias a la 4T no dudaron en desear lo peor a la alternativa de reforma electoral impulsada por el Gobierno. Ahí se lucieron los senadores del PAN, Ricardo Anaya y de MC, Clemente Castañeda. Y aunque no es para nada extraño que los rivales políticos critiquen al oficialismo, cuentan que este escarnio en particular cala a los liderazgos de Morena, porque aun cuando anunciaron respaldo común con el Verde y el PT, este último partido ha seguido pateando la mesa y orillando a que la dictaminación del proyecto demore un poco más, justo como ya estaba ocurriendo con el Plan A, todo porque no están de acuerdo con la cuestión de empatar las elecciones del 27 con la revocación de mandato. Aun con los pronósticos adversos, ayer —ya entrada la noche— el líder de los senadores morenistas, Ignacio Mier, dio por resueltos los problemas, por lo que “en unas horas”, estaría listo el dictamen. Atentos.
› Nuevos esfuerzos en el caso Iguala
Quienes han seguido de cerca los procesos de investigación y litigio a lo largo de los últimos sexenios en el caso Iguala, nos hacen ver que uno de los grandes problemas ha sido el de la desconfianza. El cual ha conducido a que las indagatorias las hagan grupos independientes del Gobierno que en el fondo mantienen más afinidad con el sector de los padres de los normalistas y los grupos organizados en torno a ellos que con las área del Gobierno mismo. A eso atribuyen que en los dos últimos sexenios se acentuara la exigencia de seguir centralmente una línea en la que se pretende señalar a elementos del Ejército. El nuevo gobierno, nos comentan, parece estar generando en el caso materia de investigación en líneas que no se agotaron. Ésta no se puede desestimar a priori. Un reto importante sigue siendo el que sesgos ideológicos o políticos de grupos y funcionarios no trastoquen los nuevos esfuerzos, nos comentan. Pendientes.
› Quieren mantener sus pensiones
Con la novedad de que la reforma con la que se pretende atajar las denominadas pensiones doradas, ha empezado a sumar voces en contra en la víspera de que sea discutida y eventualmente aprobada por la Cámara de Diputados. Y es que fueron ahora manifestantes de la Comisión Federal de Electricidad los que acudieron a San Lázaro a advertir que si se tocan esas pensiones se estará afectando la retroactividad de las leyes establecida en la Constitución. Y no sólo fueron ellos, también llegaron escritos a la Mesa Directiva en la que trabajadores de Bancomext sostienen que las jubilaciones de las que gozan les fueron entregadas con base en lo que establecían las leyes, reglamentos y condiciones que había al momento. Es sabido que la propuesta presidencial es que esos pagos se topen en 70 mil pesos, porque hay un vasto grupo de extrabajadores que se llevan un dineral mensual. En algunos casos ronda el medio millón de pesos. En el Senado pasó por unanimidad. Ya se verá cómo votan los diputados.
