• Definiciones tras excesos de la CNTE
Nos hacen ver que el replanteamiento del Gobierno federal ante la CNTE no es gratuito. La presión extrema que los líderes de la disidencia magisterial ejercieron los días y las horas previas al inicio del Mundial pretendía llevar al Gobierno a operar en límites de provocación en los que cualquier error podría haber costado muy caro. La estrategia de los dirigentes de la Coordinadora de estirar la liga y ganar tiempo en las negociaciones —en las que siempre salían sin aceptar ningún ofrecimiento, pero tampoco abriendo vías alternas de solución— ha quedado registrada. Y no sólo eso. Nos hacen notar que tampoco se ha echado en saco roto el dato de que agrupaciones afines tenían prevista la utilización de explosivos en protestas. De no habérseles asegurado cuando pretendían ingresar con ellos a la Ciudad de México, y si finalmente los hubieran detonado, el escenario habría sido todavía más adverso. En el Gobierno quienes aún son próximos a esos grupos, nos dicen, deberán pensar si siguen de su lado o del lado de la Presidenta.
Resulta que en Nuevo León se está cocinando una alianza de ésas que nadie quiere admitir en voz alta. Y es que, entre quienes conocen del manejo de la política a detalle en esa entidad, nos dicen que todo pinta a que Morena y el PRI están operando en la misma mesa contra Movimiento Ciudadano. La versión apunta a un presunto acuerdo entre Grecia Benavides, Anylú Bendición, Adrián de la Garza, y Alejandro Murat. El guion es harto conocido, de día se lanzan discursos contra la vieja política, pero de noche se cruzan mensajes, favores y rutas electorales. Morena acusa al PRI, el PRI golpea a MC, Murat acomoda piezas y de pronto todos fingen sorpresa y entendimiento. El problema no es competir, nos aseguran, el problema es la simulación de diputadas morenistas sirviendo a una estrategia priista, y operadores priistas que usan a Morena como ariete con Alejandro Murat, con su historial y sus varias carpetas de investigación pendientes, como puente entre ambos mundos.
Nos piden no perder de vista los datos que dio a conocer el embajador Ronald Johnson, que dan cuenta de avances tangibles contra el crimen y el narcotráfico realizados en conjunto por Estados Unidos y México. Por ejemplo, ha señalado una reducción del tráfico de drogas por vía marítima del 95 por ciento y una disminución de muertes por sobredosis de fentanilo en su país de 35 por ciento. “México ha asegurado más de 400 toneladas métricas de drogas y desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios ilegales. Las autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales, incluidas miles destinadas a organizaciones criminales en México”, refirió también el diplomático en la reunión del grupo bilateral de implementación que tuvo lugar ayer en la embajada norteamericana en la que participan múltiples instituciones mexicanas. El encuentro se da tras días en los que parecían aflorar tensiones bilaterales. Los datos de ayer arrojan más bien una cara de aprecio a la colaboración.
• Bombazo contra líder criminal
Y fue el presidente Donald Trump quien dio a conocer que con un ataque aéreo de alta precisión, el Comando Sur “bajo mi dirección” abatió al jefe del grupo criminal el Tren de Aragua. En un mensaje en su red social Truth Social refirió que “antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas”. Es sabido que el Tren de Aragua es una agrupación delictiva con presencia y operación en varias regiones de Latinoamérica y que con la llegada de Trump a la Casa Blanca se le clasificó como organización terrorista. La acción militar de ayer efectuada en Venezuela es la primera que se ejecuta en tierra contra una agrupación criminal, lo que nos da cuenta de que el amago de hace unos días del magnate en ese sentido en realidad era un aviso. No pasa desapercibido en México, dado que, nos recuerdan, hay agrupaciones del crimen organizado que también fueron clasificadas como narcoterroristas. Uf.
• Atrae PGR caso de periodista asesinada
Y ha sido la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, la que ya ejerció su derecho de atracción en el caso de la periodista Roxana Guzmán, a quien secuestraron en Nanchital, Veracruz, el martes 2 de junio de este año. Un caso de alto impacto del que incluso hay imágenes de personas armadas ingresando al domicilio de la comunicadora para sustraerla de ahí por la fuerza. Nos aseguran que en esta decisión se debe tomar en cuenta el hecho de que no hubo grandes avances en la investigación del caso de la directora de Pulso Informativo del Sureste a nivel local. Ayer, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Jiménez, informó que antier fue notificada de la atracción “y el día de hoy justamente se está entregando esta carpeta en la Ciudad de México, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGR”. En Veracruz siguen encendidos los focos rojos sobre el clima adverso para ejercer el periodismo en varias regiones del estado que encabeza Rocío Nahle. Durante la administración de la morenista se han registrado al menos tres periodistas asesinados y dos desaparecidos.
• ¿Juicio político a Manolo Jiménez?
Y tras el triunfo del tricolor en la elección de diputaciones locales en Coahuila ha quedado claro que de lado de Morena podría haber una impugnación formal ante el árbitro electoral, derivada de una supuesta compra de votos vía códigos QR. Sin embargo, el PT no se quiere quedar atrás y ayer dio cuenta de que no se moverá por el lado de la denuncia electoral sino por la política y que irá contra quien se señala como artífice de la victoria priista y que no es Alejandro Moreno. Resulta que el diputado Ricardo Mejía presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el gobernador Manolo Jiménez “por violaciones graves a la Constitución Política de la República, a la Constitución Política del Estado y a los derechos humanos de coahuilenses y por alterar el proceso democrático y la celebración de elecciones libres y auténticas”. Lo anterior, ha referido, respaldándose de testimonios de diputados que afirman haber sido privados de su libertad durante los comicios por la Policía del mandatario estatal. Pendientes.
Los aficionados toman las calles
