El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro rechazó que existieran irregularidades en la contratación de empresas para la remodelación del tramo General Anaya-Revolución de la Línea 2 y sostuvo que, al no haberse realizado aún pagos por las obras, no es posible hablar de sobrecostos.
En un comunicado, el organismo informó que todas las empresas participantes entregaron en tiempo y forma la documentación requerida por la legislación vigente para la ejecución de obra pública en la Ciudad de México.
Además, precisó que la selección consideró la capacidad financiera y operativa de las compañías invitadas.
Respecto a los señalamientos sobre una presunta simulación de competencia entre las empresas INDHR S.A. de C.V., Alfa Proveedores y Contratistas, y Asfalto y Proyectos e Ingeniería de Puebla, el STC afirmó que la documentación presentada fue revisada por las áreas administrativas y jurídicas y cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad.
El organismo agregó que la contratación mediante el esquema de invitación restringida se realizó conforme a las disposiciones legales aplicables.
También indicó que la remodelación de las estaciones se encuentra actualmente en una fase de revisión de costos, en la que las empresas presentan sus estimaciones y las autoridades verifican los trabajos ejecutados con base en la supervisión de la obra.
La dirección general del Metro sostuvo que “no se puede hablar de sobrecostos, cuando ni siquiera se ha iniciado el pago por las obras que se llevaron a cabo”.
Añadió que, al inicio del proyecto, únicamente se difundieron montos máximos para cada estación, los cuales pueden variar de acuerdo con el alcance de los trabajos y no representan el costo definitivo.
Asimismo, el STC señaló que las empresas contratistas cubrieron inicialmente los costos de materiales e insumos, los cuales deberán comprobar mediante la documentación correspondiente.
Finalmente, informó que las obras son revisadas mediante dos auditorías, una de carácter local y otra forense a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, y aseguró que la recepción y liquidación final de los trabajos se realizará conforme a la legislación en materia de obra pública.
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