A una semana de las elecciones locales celebradas en Coahuila, Morena inició una ofensiva legal para buscar la nulidad de los comicios en los que se eligieron las 16 diputaciones de mayoría relativa de la entidad. El partido presentó formalmente un juicio electoral y una serie de denuncias ante distintas autoridades al considerar que existieron irregularidades que afectaron la legalidad del proceso.
La acción jurídica fue anunciada por Morena en el estado de Coahuila mediante un comunicado, en el que sostiene que los hechos denunciados ocurrieron en un contexto marcado por presuntas prácticas ilegales, violencia e irregularidades que, a su juicio, influyeron en la voluntad ciudadana durante la jornada electoral del pasado 7 de junio.
Entre los principales argumentos de la impugnación se encuentra una presunta compra y coacción del voto mediante el uso de códigos QR. Además, el partido señaló la supuesta participación de servidores públicos, la utilización electoral de programas sociales, propaganda calumniosa, actos de intimidación, violencia política de género y rebase de topes de campaña.
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Morena también aseguró que detectó anomalías en 962 casillas, cifra que representa alrededor del 22.6 por ciento del total instalado en el estado. Con base en estos señalamientos, el partido solicitó que las autoridades electorales revisen de manera exhaustiva el proceso y valoren la posibilidad de anular la elección de las 16 diputaciones locales.
Paralelamente, la fuerza política presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que la compra y coacción del voto constituyen delitos graves. Según el partido, durante el proceso electoral se registraron múltiples casos relacionados con estas conductas.
Asimismo, Morena interpuso una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para que investigue un posible rebase de topes de gastos de campaña por parte de candidaturas del PRI, partido que se declaró ganador en los 16 distritos de mayoría relativa.
La estrategia legal también alcanzó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia a la que se solicitó rastrear el origen de los recursos presuntamente utilizados para la compra de votos, particularmente aquellos relacionados con el uso de códigos QR.
En su posicionamiento, Morena hizo un llamado a las autoridades para que analicen las pruebas presentadas y garanticen la legalidad, transparencia y certeza del proceso electoral. El partido sostuvo que continuará impulsando las acciones jurídicas necesarias al considerar que la defensa del voto y el respeto a la voluntad ciudadana son elementos fundamentales para la vida democrática de Coahuila.
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