• Tamaño de fuente: A  A  A  A  
Venezolanos hacen fila para retirar dinero, el pasado viernes, en Caracas (Foto: Especial)

En Caracas, sin aviso y sin protesta. Por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro, todos los cuerpos de los fallecidos junto a Óscar Pérez en la llamada “Masacre de El Junquito” fueron enterrados en cementerios escogidos por las autoridades, sin actos velatorios y en contra de la voluntad de sus familias; acciones que contravienen los derechos más elementales que tienen los dolientes sobre sus difuntos, explicó el abogado constitucionalista Mariano De Alba.

Señaló que aunque específicamente no hay una norma en el derecho internacional al respecto, en las que regulan las guerras se precisa que las personas tienen derecho a velar y enterrar a sus familiares. “Estamos en una situación que va más allá de lo legal”, puntualizó.

“Duele mucho esta situación. Ya no sólo es el irrespeto a la dignidad humana, lo cual es un derecho humano, sino también es un irrespeto a la persona después de fallecida y a sus parientes, a quienes no se les permite cerrar un capítulo, lamentarse por lo que ocurrió”, manifestó el experto legal.

Los familiares de José Alejandro Díaz Pimentel y Abraham Agostini Agostini tuvieron que despedirse de sus seres queridos frente a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el Cementerio del Este, en Caracas, el pasado 20 de enero. Los militares bloquearon el paso al camposanto durante varias horas, mientras los cadáveres eran enterrados con muy pocos deudos. Luego le permitieron pasar al resto, pero ya las urnas habían sido inhumadas.

Por su parte, en la tarde del pasado sábado fueron trasladados, con escolta policial, Daniel Soto Torres (30), Abraham Lugo Ramos (30) y Jairo Lugo Ramos a Maracaibo (Zulia) y Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla (26) al estado Táchira para ser sepultados, también sin derecho a actos velatorios, como lo deseaban sus familiares.

Finalmente, Óscar Pérez fue enterrado también en un militarizado cementerio del Este, poco antes de las 7:00 am de ayer, sólo con la presencia de su tía, Aura Pérez, y una prima. Su madre y su esposa se encuentran fuera del país. Según la copia del acta de defunción a la que tuvo acceso La Razón, el exagente de la policía recibió un disparo en la cabeza, lo que ocasionó su muerte.

El abogado constitucionalista de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó que  “no son de hoy ni ayer esas leyes; existen desde siempre y nadie sabe a qué tiempos se remontan”. Además, afirmó que al impedir que los parientes decidir qué hacer con sus muertos, se están violando también sus DH.