México tiene enfrente como retos principales el narcotráfico y la impunidad, ya que hasta el momento “no existen cambios significativos” en su política, advirtió este martes el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual de derechos humanos.
Agregó que los delitos cometidos por el crimen organizado representan la mayor amenaza junto con las tasas altas de impunidad e investigaciones de las autoridades de justicia que nunca llegan a condenas.
Además, destacó que delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, graves restricciones a la libertad de prensa y amenaza contra las actividades labores, son persistentes y significativos en México.
EU señala “tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento”
El informe es el primero en materia de derechos humanos publicado por el Departamento de Estado desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia en enero pasado, donde lanza una crítica abierta a países con los que ha rivalizado.
“El gobierno (mexicano) tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos; sin embargo, la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos". señaló el Departamento en su informe.
“Los medios de comunicación informaron de que algunos agentes del gobierno eran cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena por abusos en los que estaban implicados estos agentes eran bajas”, agregó.
Resaltó como “perpetradores significativos de crímenes violentos, homicidios y desapariciones forzadas” a “elementos criminales, incluyendo pandillas locales y transnacionales y traficantes de drogas”.
En ese contexto, recordó el caso ocurrido el 31 de marzo de 2024 en Chiapas, cuando 25 personas fallecieron durante un enfrentamiento de elementos de la Guardia Nacional y un grupo armado en la comunidad de Niños Héroes. Las autoridades solo declararon la muerte de 10 y ninguno de los elementos de las fuerzas de seguridad implicados fueron enjuiciados.
Además, el informe estadounidense destacó el asesinato de cinco periodistas en los estados de Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Colima durante el año pasado.
Desapariciones forzadas, problema que persiste en México
El reporte mencionó que las desapariciones forzadas fueron un problema persistente en todo el país, especialmente en zonas con altos niveles de violencia relacionada con los cárteles o las bandas. Según informes de ONG, las desapariciones eran una práctica generalizada y sistemática.
Lamentó que las bases de datos federales y estatales sobre desapariciones forzadas son “incompletas” y tienen “problemas para compartir datos; los sistemas forenses estaban muy fragmentados entre los niveles local, estatal y federal; y el volumen de casos sin resolver era mucho mayor de lo que los sistemas forenses podían manejar”.
El Departamento de Estado señaló también el “gran riesgo” que corren las familias y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la búsqueda de desaparecidos.
Más adelante, retomó las acusaciones de organizaciones no gubernamentales de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estigmatizó a los periodistas o emprendió acciones que hicieron a algunos comunicadores “sentirse inseguros”.
Asimismo, hizo referencia a los reportes de grupos de derechos humanos sobre gobiernos estatales y locales que censuraron a los medios, así como otros de periodistas que se autocensuraron debido “a las amenazas de grupos criminales y funcionarios del gobierno”.
El Departamento de Estado, al abordar el tema de los derechos laborales, clave en el marco de la revisión del T-MEC, aseguró que el gobierno mexicano “no aplicó de manera efectiva las leyes laborales relacionadas con la libertad de asociación, la negociación colectiva y el derecho de huelga, aunque mejoró su capacidad para hacerlo”.
Indicó que, según varias ONG y sindicatos, muchos trabajadores sufrieron violencia e intimidación por parte de empleadores, otros trabajadores, líderes sindicales y vigilantes contratados por las empresas para reprimir la oposición en unas elecciones a la dirección sindical previas a una negociación sobre los derechos de negociación.
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cehr
