Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó en su totalidad siete amparos interpuestos por las empresas Elektra, Nueva Elektra del Milenio y TV Azteca, de Grupo Salinas, que habían interpuesto contra el pago de créditos fiscales, por lo que deberán más de 48 mil 393 millones de pesos por diversos, ante lo que el grupo empresarial respondió que acudirá a instancias internacionales.
Por unanimidad, los ministros aprobaron que Grupo Elektra deberá pagar un crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2013, además de multas, recargos y actualizaciones. Se trata de la deuda más alta de ese grupo empresarial ante el máximo tribunal del país.
Al sesionar en la sede alterna de Avenida Revolución, el Pleno de la SCJN aceptó una reclamación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra la admisión de un amparo promovido por Grupo Elektra, con el que la empresa intentaba revertir la orden de pago emitida por un tribunal administrativo. Con ello, la Corte dejó firme la resolución que obliga al pago total del adeudo.
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El proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, fue el primero que la nueva integración del Máximo Tribunal resolvió en torno al empresario. En una exposición inusual, el ministro utilizó láminas explicativas para detallar el proceso jurídico y el origen del litigio que se remonta a más de una década.
En su intervención, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que la actual composición del Pleno no debía ser confundida con las decisiones tomadas por la extinta Segunda Sala de la Corte, que en su momento admitió el amparo promovido por Elektra.
Las ministras y ministros argumentaron que dichos recursos no debieron haber sido admitidos por la anterior integración de la Corte, ya que no cumplen con el requisito de excepcionalidad.
La decisión también incluyó la participación de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, a quienes Elektra había intentado recusar bajo el argumento de falta de imparcialidad. No obstante, el Pleno consideró que tales acusaciones “no son objetivas ni comprobadas”, por lo que ambas ministras participaron en la votación.
Al resolver un segundo asunto, también por unanimidad, se determinó desechar otro amparo de Elektra y confirmó una segunda deuda por mil 431 millones 466 mil 606 pesos, derivada de créditos fiscales correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.
En esta segunda causa, en el amparo 5654/2024, la ministra ponente, Yasmín Esquivel, concluyó que el recurso de revisión de Elektra no cumplía con los requisitos legales, por lo que propuso su desechamiento.
En esta votación no participó la ministra Lenia Batres, debido a un impedimento aprobado previamente por la anterior integración de la Corte.
Más tarde, también por votación mayoritaria, el pleno de la SCJN declaró improcedente el amparo directo en revisión 5608/2025, causando ejecutoria la sentencia del ejercicio fiscal 2010 por 2,004 millones de pesos.
También se resolvieron los amparos 5145/2025, 5778/2025, 3842/2024, 6293/2025, donde los ministros dieron la razón en su totalidad a la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que Grupo Salinas condone los adeudos fiscales de los años 2008 a 2013.
En respuesta al fallo, Grupo Salinas respondió calificó a la SCJN través de un comunicado como una “Corte espuria” y anunció que llevará el caso ante instancias internacionales, al considerar que se han violado sus derechos humanos.
El grupo empresarial sostuvo que los ministros “omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico y el acoso político en nuestra contra”, y que con ello desecharon “el litigio público más relevante de la historia reciente del país”, tras más de 12 años de procesos judiciales y 285 menciones negativas en conferencias presidenciales del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Asimismo, acusó que durante la deliberación “no hubo cuestionamientos al guion enviado desde Palacio Nacional”, ni se hizo referencia a la falta de imparcialidad de algunas ministras, como Lenia Batres y María Estela Ríos, quienes en distintas ocasiones se retiraron de las sesiones por estar impedidas para participar en determinados asuntos.
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FGR
