El diputado federal Rubén Moreira Valdez acusó que la reducción de recursos para medio ambiente limita la atención de conflictos ecológicos en distintas regiones del país, entre ellos daños en ríos, bosques, costas, mantos acuíferos y áreas naturales.
Moreira Valdez señaló que el país enfrenta problemas ambientales vinculados con falta de planeación, proyectos mal evaluados y menor presupuesto para protección ecológica.
El legislador del Revolucionario Institucional planteó que existen alternativas de desarrollo con menor impacto para las comunidades, como el “turismo sustentable, el aprovechamiento del patrimonio histórico y la conservación de los ecosistemas”. También sostuvo que declarar zonas protegidas no basta sin recursos para su cuidado, restauración y vigilancia.

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Ignacio Loera, especialista en conservación, expuso el caso de la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, donde comunidades indígenas mayo-yoreme y habitantes de la zona tomaron instalaciones de una planta de amoníaco. De acuerdo con su intervención, los inconformes denunciaron falta de información y diálogo por parte de autoridades.

Según Loera, el proyecto utilizaría cerca de 2 mil metros cúbicos de agua marina por hora y regresaría ese líquido con tres grados centígrados más de temperatura, además de mayor salinidad. El especialista afirmó que esa operación tendría efectos sobre la fauna del ecosistema.
También enumeró otros puntos de tensión ambiental en el país, como proyectos de exportación de gas natural licuado en Sonora, contaminación por granjas porcícolas en la Península de Yucatán, deterioro de Xochimilco, afectaciones en el río Atoyac, impactos asociados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, mortandad de peces en la cuenca del Papaloapan y deforestación en diversas zonas.
Mario Di Costanzo, analista en finanzas, afirmó que el deterioro ecológico también tiene relación con decisiones presupuestales. Indicó que la reducción de fondos ha afectado áreas clave como prevención de incendios forestales, conservación de bosques, reforestación y protección de áreas naturales.
Los tres panelistas coincidieron en que la protección ambiental requiere inversión sostenida, vigilancia efectiva y políticas públicas de largo plazo. Advirtieron que la falta de recursos, planeación y evaluación adecuada de proyectos genera costos para comunidades y futuras generaciones.
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