Un millón 43 mil trabajadores retiraron parte de sus ahorros para el retiro por desempleo entre enero y junio de este año, mientras la cartera vencida en créditos hipotecarios y de consumo superó los 110 mil millones de pesos, informó el economista Mario Di Costanzo.
El especialista detalló que los adeudos morosos por financiamientos de vivienda alcanzaron 50 mil millones de pesos, con mayor incidencia en inmuebles de interés social. Los préstamos destinados a compras personales acumularon otros 64 mil millones.
Rubén Moreira Valdez, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, atribuyó esas cifras a la falta de empleo y a la situación económica del país. Según el legislador, numerosas familias dejaron de cubrir compromisos bancarios o recurrieron a sus fondos pensionarios para enfrentar gastos inmediatos.
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Moreira advirtió que “la gente tiene la necesidad de darle de comer a su familia, comprar una medicina, porque ahora el IMSS y nada es lo mismo, y por eso saca su dinerito, lo cual al final tiene consecuencias”. También acusó una falta de información oficial sobre los efectos de disponer anticipadamente de esos recursos.
A su vez, Di Costanzo señaló que la cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) llegó a 410 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2026. Esa cantidad casi duplica el saldo moroso registrado por la banca en créditos hipotecarios, de acuerdo con los datos expuestos por el economista.
Como parte del análisis, Miguel Ángel Sulub explicó que los retiros por desempleo reducen el monto disponible para la jubilación y restan semanas de cotización. Esta consecuencia puede afectar al cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener una pensión.
Sulub alertó además sobre el uso de los fondos pensionarios para financiar obligaciones públicas. “Más de la mitad de los recursos de las Afores, cerca de 4.5 billones de pesos, están invertidos en instrumentos de deuda del Gobierno Federal”, afirmó.
Por otra parte, Moreira expresó desconfianza hacia algunas empresas de tecnología financiera a las que recurren personas sin acceso suficiente al crédito tradicional. El diputado cuestionó la supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Di Costanzo sostuvo que ciertas instituciones que operan mediante aplicaciones cobran tasas de interés de hasta 100 por ciento y un costo anual total que puede llegar a 200 por ciento. El legislador priista también advirtió sobre páginas falsas que imitan portales oficiales.
Los tres participantes señalaron que la morosidad, la disposición anticipada de fondos por falta de trabajo y la inversión de recursos pensionarios en deuda federal representan riesgos para la economía familiar y el patrimonio futuro de los trabajadores.
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LMCT
