Investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas del IPN denuncian que un proyecto, financiado totalmente por el Instituto para un fármaco contra la COVID-19, y registrado con la clave SIP 20211504, concluyó de manera satisfactoria con un grado de avance del 100%, lo que hasta ese momento representaba un triunfo de la ciencia pública mexicana.
El problema saltó cuando los investigadores que se niegan a dar su nombre fueron a registrar una investigación y, al revisar expedientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lejos de estar a nombre del IPN, la misma invención aparece en tres solicitudes de patente distintas, ingresadas en 2022, 2025 y 2026. En todas ellas, Paola Castillo Juárez figura como “inventora independiente”.
La historia
En el año 2021, el Instituto Politécnico Nacional anunció con orgullo que una de sus investigadoras había desarrollado un prometedor medicamento peptídico contra el COVID-19. La promesa era que la institución tramitaría la patente para beneficio público. Cinco años después, los expedientes revelan una historia muy distinta: la científica ignoró a la universidad, registró el invento a su nombre y comercializó los derechos en privado.
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Todo quedó documentado en papel. Una constancia oficial emitida por la Dirección de Investigación del IPN (folio DI/DOPI/160120211504) detalla que la doctora Paola Castillo Juárez, profesora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), fungió como directora del proyecto “Desarrollo de péptidos antivirales dirigidos al tratamiento de COVID-19”.
La investigadora que lidera la toma de Canal Once no actuó sola en el terreno comercial. Una semana antes de ingresar la primera solicitud ante el IMPI, firmó un contrato privado con un tercero identificado como Dimas Jiménez Mendoza. A cambio de un pago justificado como apoyo para “la investigación, desarrollo y funcionamiento del invento”, le cedió el 50% de los derechos.
Las reglas internas del Politécnico son claras frente a este tipo de escenarios. Cualquier invención financiada por la institución tiene que tramitarse obligatoriamente a través de la Oficina del Abogado General para asegurar que los derechos queden a favor del Instituto. Ninguno de estos protocolos se cumplió en las solicitudes.
No estamos frente a un simple descuido administrativo aislado, sino ante un patrón sostenido durante casi cuatro años que involucra una operación económica privada. Aunque le corresponde a las autoridades competentes calificar el caso, la configuración de los hechos encaja, en principio, con figuras del Código Penal Federal en materia de corrupción, específicamente peculado (artículo 223) y uso ilícito de atribuciones y facultades (artículo 217), detallan los denunciantes.
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JVR
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